Londres advierte que le pagará menos a Bruselas si no hay acuerdo con el Brexit

Theresa May lo hizo tras reunir a su gabinete y en esta nueva hornada de «notas técnicas», que abarcan aquellos sectores económicos y servicios, que se verán directamente afectados por el Brexit, destacaron esta vez los problemas básicos de movilidad fuera del Reino Unido que se podrían encontrar los británicos si el 29 de marzo de 2019 finalmente Gran Bretaña cortase lazos con la UE.

Un total de 28 documentos en los que el Ejecutivo valora qué pasaría en diferentes situaciones y entre los que destaca, por ejemplo, un problema tan cotidiano para los millones de británicos que viven en países europeos como es la posibilidad de tener que sacarse un nuevo carnet de conducir acorde a la normativa de donde residan y a solicitar una licencia internacional para conducir un vehículo en la Unión Europea.

Sería un caso muy parecido al que ya se necesita para hacerlo en lugares como Japón o en algunos estados de Estados Unidos. Estas licencias tienen un coste de aproximadamente 6 euros y uno de los documentos lo deja claro «dependiendo de las leyes del país de la UE al que se traslade, usted podría tener que superar un nuevo test de conducir». Incluso, unas líneas más abajo se pueden leer que cualquiera podría ser rechazado en la frontera o enfrentarse a medidas coercitivas, por ejemplo, multas, si no se tiene este permiso.

En estas notas también se apunta a la renovación obligatoria del pasaporte en caso de Brexit abrupto. Los ciudadanos de Reino Unido deberán tener uno que tenga una validez de al menos seis meses en el momento de entrar en cualquier país comunitario. Una recomendación, la de renovar este documento, que ya hace el Gobierno, que volverá a implantar a partir de 2020 sus clásicos pasaportes azules que ya se utilizaban en el país antes de pertenecer a la UE.

Las amenazas por parte de ambos bandos se habían calmado en los últimos días, sobre todo con las palabras tranquilizadoras del negociador jefe europeo, Michel Barnier , en las que daba a entender que podría haber pacto en seis u ocho semanas . Pero ayer volvieron las tensiones con la amenaza de su homólogo, el ministro para el Brexit británico, Dominic Raab , en las que aseguraba en una columna en el «The Telegraph» que Reino Unido no pagará la «factura del divorcio» que se estima en unos 39.000 millones de libras (43.680 millones de euros), si no hay un acuerdo con Bruselas.

Raab se reafirma en esto ya que asegura que Londres «no pagaría los términos del acuerdo financiero porque no hay acuerdo sin un acuerdo entero». Desde el lado de Bruselas, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas , ya se ha apresurado a asegurar que se descarta «revisar» el montante que ya había sido fijado.

Sin embargo, otro de los asuntos del día, que también se ha visto reflejado en los nuevos documentos difundidos por el Gobierno es el del roaming europeo. Los británicos que ya se habían acostumbrado a no pagar por utilizar el móvil en el extranjero , desde 2017, dejarán de disfrutar esta gratuidad. El Gobierno ha tratado de calmar las aguas en este sentido asegurando que la mayoría de operadores móviles no tienen planeado cambiar el sistema actual pero el Ejecutivo alerta de que podría pasar. Incluso habla ya de un límite de 45 libras, unos 50 euros, al mes para esos cobros.

Otro tema espinoso en los últimos meses ha sido la participación de Reino Unido en los programas espaciales europeos . En este nuevo documento se alerta de que el país quedaría fuera de proyectos tan importantes para el Gobierno como el Galileo , el Copérnico o el seguimiento espacial de la UE. Algo que el Ejecutivo de Theresa May siempre ha apostado por mantener en estrecha relación con sus socios de Bruselas.

Mientras, estos nuevos papeles también abundan en problemas que afectarían al ámbito empresarial como, por ejemplo, posibles fusiones entre dos empresas de ambos lados del Canal de la Mancha . Además, las empresas británicas que exportan maquinaria o automóviles se deberán ajustar a las regulaciones europeas, lo que supone someter a test a todos sus productos para obtener las licencias que necesiten para pasar las fronteras.

Este sería uno de los grandes problemas que se presentarían en el futuro tras las advertencias de organizaciones como la Road Haulage Association, dedicada a la logística por carretera en Reino Unido, que ya ha dejado caer que se formarían embotellamientos interminables en los controles fronterizos si además estos se llegan a imponer finalmente.