Francia, obligada a indemnizar con 500 euros a Salah Abdeslam

Belga de nacimiento, francés de origen marroquí, Salah Abdeslam consiguió huir de Francia, hacia Bélgica, tras los atentados que se cobraron 131 muertos en París y la región parisina el mes de noviembre de 2015. Prosiguió su vertiginosa carrera criminal , participado en otros atentados cometidos en Bruselas el mes de marzo de 2016. Fue detenido semanas más tarde, en un famoso barrio multicultural de Bruselas. Condenado a veinte años de cárcel por la justicia belga, fue entregado a la francesa, para ser juzgado por las matanzas del 2015, el año que viene.

Frank Berton, el abogado de Salah Abdeslam, denunció muy pronto la «ilegalidad» de las condiciones de detención del terrorista. Y esa denuncia terminó en un proceso que condenó al Estado francés a pagar 500 euros de «indemnización» por haber instalado cámaras de vigilancia, las veinticuatro horas del día. El terrorista renunció a los 500 euros. Y la historia quedó enterrada «provisionalmente», hasta que la publicación de un libro sobre Frank Berton ha descubierto la «condena». Abdeslam guarda un silencio absoluto.

El caso de Abdeslam vuelve a plantear un problema de grave calado: las medidas «legales» o «ilegales» que puede o no puede tomar el Estado para protegerse y proteger a los ciudadanos contra las «amenazas periféricas» de las células y grupúsculos terroristas.

En su día, Abdeslam fue considerado un personaje muy peligroso, por sus actividades pasadas, en el corazón de varias células terroristas islámicas , por sus relaciones fuerza de la cárcel, y por su comportamiento en una célula de alta seguridad.

Jean-Jacques Urvoas, ministro de Justicia, en 2016, consideró que Abdeslam debía estar sometido a un sistema de vídeovigilancia especial, por varias razones: riesgos apreciables de suicidio o intentos de evasión con posible impacto en la seguridad pública.

No es un secreto que la «comunicación» con el «exterior», a través de sus abogados, familiares o amigos, puede utilizarse para hacer pasar mensajes y comunicaciones de muy diversa índole, peligrosa, tratándose de un individuo con muchas «relaciones» en Francia, Bélgica, Alemania y Siria. Tales sospechas «aconsejaron» someter a Abdeslam a un sistema de controles especiales. Controles utilizados por su abogado para lanzar denuncia contra los «derechos» del yihadista asesino.

El Tribunal administrativo de Versalles (al oeste de París) dictó sentencia con urgencia, condenando al Estado a pagar 500 euros al terrorista, y forzando a «revisar» el sistema de seguridad en la cárcel. Nadie duda que el hombre más peligroso de Francia será juzgado y condenado con «ejemplaridad». Pero su caso vuelve a recordar los «fallos» y «laberintos» del sistema judicial francés, utilizados por muchos detenidos para continuar «guerreando» desde «dentro», desde el fondo de sus celdas, intentando mantener «viva» la llama de la «guerra santa».