Francia aprueba la ley de moralización pública de Macron

Como otros 200 diputados, de izquierda y derecha, Fillon empleó a su esposa e hijos como «colaboradores» durante su mandato de diputado. Se trataba de una práctica muy bien conocida y consentida en los partidos políticos... Hasta que el semanario satírico «Le Canard Enchaîné» descubrió en enero que Penelope Fillon estuvo cobrando unos 5.000 euros mensuales como asistenta parlamentaria de su esposo.

A cien días de la primera vuelta de la elección presidencial , aquella revelación se transformó en una bomba política, que hundió la carrera de Fillon y tuvo un efecto devastador para la derecha tradicional francesa. «Eliminado» Fillon de la carrera presidencial, víctima del escándalo de los empleos ficticios de los que se benefició su esposa, el candidato Macron utilizó aquella crisis como arma de guerra electoral, prometiendo una ley que moralizase la vida política . Esa es la promesa que ayer terminó aprobando la Asamblea Nacional, donde el partido del presidente tiene la mayoría absoluta. Los puntos esenciales de la nueva Ley no tienen nada de «revolucionarios» y son de una aparente sensatez abrumadora:

Se prohíbe dar trabajo como «colaboradores» a familiares de diputados y senadores . Varios centenares de parlamentarios llevan años pagando con dinero público la «asesoría» de hijos, esposas, incluso amantes. Se suprime asimismo la «reserva parlamentaria» o fondo económico discrecional que diputados y senadores llevan años utilizando para conceder subvenciones a su clientela electoral.

Se elimina la «reserva ministerial» : importantes sumas de dinero de las que disponían los ministros a su más libre antojo, sin el menor control administrativo ni fiscal. No es un secreto que algunos ministros llegaron a comprarse su casa con ese dinero.

Y por último, los candidatos a senadores y diputados deberán ser sometidos a una revisión fiscal automática. Medida tan prudente y elemental como sistemáticamente olvidada. Hollande llegó a nombrar ministro del Presupuesto a Jérôme Cahuzac, evasor fiscal con cuentas en Suiza.

La nueva Ley también propone controles del dinero utilizado por partidos políticos durante las campañas electorales. El Estado se compromete a crear una suerte de «banco de la democracia», con el fin de facilitar el acceso al crédito a personalidades y organizaciones políticas que deseen participar en campañas electorales. Modesta en su forma y fondo, la nueva ley pretende sanear algunas corruptelas firmemente arraigadas en el modelo político nacional de la República.