Fuerte dispositivo en busca de un activista desaparecido en Argentina

Los perros siguieron hace un mes largo el rastro de Maldonado hasta la orilla del río Chubut , que atraviesa la comunidad Pu Lof en el departamento o localidad de Cushamen . Su olfato insistía en que había que cruzar al otro lado pero las fuerzas de seguridad se detuvieron. El juez federal Guido Otranto no lo autorizaba. Primero se justificó al considerar que era «territorio sagrado» y los mapuches se negaban a que pusieran un pie en la finca Leleque que, en rigor, es propiedad de Benetton . Posteriormente, la versión para tratar de explicar lo inexplicable, cuando el tiempo es clave, fue que había demasiadas dificultades para cruzar el otro margen del río… Por fin, en un desafío formidable a la agudeza del olfato canino, Otranto dio la orden que este lunes -y durante el tiempo que considere- se está cumpliendo.

Como en todo lo que rodea este caso, oscuridad, confusión y contradicciones se extienden en declaraciones judiciales, presuntos testigos y miembros de Gendarmería, la fuerza que desalojó el 1 de agosto el corte de carretera del que, supuestamente, habría estado participando Maldonado . El tatuador, de 28 años, habría estado encapuchado como la decena de sus compañeros que reclaman la liberación de Facundo Jones Huale, el «Lonco» (cacique) de la comunidad, actualmente detenido y sobre el que pesa una petición de extradición de Chile por actos terroristas .

El caso Maldonado trae de cabeza al Gobierno de Mauricio Macri, objetivo de los ataques de la oposición kirchnerista y organizaciones civiles vinculadas a los derechos humanos. Unos y otros lo utilizan para tratar de establecer una identificación entre el Ejecutivo y el plan sistemático de desaparición de personas ejecutado durante la última dictadura militar (1976-83). La lentitud operativa y la falta de información fidedigna, pese al tiempo transcurrido, no colaboraron a tranquilzar las aguas revueltas y violentas en manifestaciones pasadas de norte a sur de Argentina.

La familia de Maldonado responsabiliza al Gobierno y exige la dimisión de la ministra de Seguridad , Patricia Bullrich , pero ahora apuntó su desesperación y rabia hacía el juez que, en estas semanas, parecía no reaccionar con su parsimonia. Sergio Maldonado, hermano del tatuador, consideró el despliegue policial y canino como «una payasada», se quejó por no poder asistir al mismo y se dirigió al juez: «Lo voy a denunciar en todos lados. Es un impresentable. Lo que hacen hoy no tienen validez. Hacen todo para no encontrar a Santiago».

Las hipótesis sobre el paradero de Maldonado son variadas. La más extendida apunta a algún agente que lo habría matado en el fragor del operativo donde llovían piedras de ambos lados. En ese contexto, se conoció la declaración del gendarme Robledo, que reconoció haber lanzado una pedrada a uno de los encapuchados mientras huía por el río. La hipótesis de que se ahogara tiene adeptos y críticos. Otra teoría apunta a que muriera en otras circunstancias y fueran los propios miembros del RAM, los que ocultaran su cuerpo en «territorio sagrado» para usar políticamente su desaparición . La más reciente es de libre interpretación: uno de los móviles de Santiago Maldonado (propietario de al menos tres teléfonos) estuvo operativo, brevemente, posteriormente a su desaparición. La señal remite a Chile.