La fiscalía de Turquía pide 15 años de prisión para once defensores de los derechos humanos

Sin embargo, la acusación, liderada por el fiscal Can Tuncay de la Oficina de Delitos de Terror y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Estambul, tiene una versión muy distinta sobre los fines de esa reunión. Según Tuncay, los sospechosos intentaron convertir la «marcha de la justicia» –promovida por el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP) Kemal Kiliçdaroglu el pasado junio– en un «caos» para posteriormente «dirigir la agitación hacia otras provincias».

«Se deduce claramente que los sospechosos trataron de convertir una marcha que se denominaba de "justicia" en actos que incluían violencia similar a los incidentes del parque de Gezi» que, según prosigue la acusación, «crearían caos en la sociedad», en referencia a las protestas que se vivieron en Turquía en 2013.

Concretamente, el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, se enfrenta a 15 años de cárcel por «pertenencia a banda terrorista», acusado de utilizar el servicio de mensajería ByLock, que solía utilizar la cofradía de Fethullah Gülen –a la que Turquía señala como responsable del golpe de Estado fallido de 2016– para comunicarse de modo encriptado. A los demás sospechosos se les pide entre siete años y medio y diez años entre rejas por «colaboración con banda armada».

Taner Kiliç y la directora de Amnistía en Turquía, Idil Eser , junto con los dos instructores del taller, el sueco Ali Gharavi y el alemán Peter Steudtner , y cuatro personas más llevan ya días en la cárcel.