La Fiscalía rumana solicita abrir juicio por «crímenes contra la humanidad» contra el expresidente Iliescu

El fiscal militar, Augustin Lazar, «ha pedido luz verde al jefe de Estado, Klaus Iohannis, para abrir el proceso penal por crímenes contra la humanidad» contra Iliescu, Roman y Gelu-Vocan Voiculescu, ex viceprimer ministro de la época, informó la instancia en un comunicado de prensa. Al tratarse de dos ex altos dignatarios, el presidente debe dar el visto bueno para que comience el juicio por un delito que no prescribe.

La investigación, que pretende dilucidar quiénes fueron los responsables de las matanzas durante la violenta revuelta que acompañó a la caída del dictador Nicolae Ceausescu , ejecutado el día de Navidad de 1989, se archivó en 2015 por falta de pruebas, pero se volvió a abrir en junio de 2016 por decisión de la Alta Corte de Casación y Política.

Lazar ha asegurado que el Consejo del Frente de Salvación Nacional, encabezado por Iliescu, «ejerció el poder ejecutivo y legislativo central entre el 22 y el 27 de diciembre de 1989». Roman, que ha rechazado la declaración, fue nombrado primer ministro el 26 de diciembre, mientras que Voiculescu asumió el cargo de viceprimer ministro el 28 de diciembre.

Roman ha declarado al conocer la acussación que «casi pierdo mi vida en la barricada , no tuve ninguna implicación de ningún tipo en lo que pasó en esos días. Fui blanco de los disparos, de los terroristas, de los francotiradores que estaban en contra nuestra».

Según la Fiscalía, los nuevos dirigentes llevaron a cabo un plan para mantener el poder que provocó la muerte de 1.104 civiles y dejó más de 5.000 personas heridas, algunas de ellas por disparos de balas, así como numerosas detenciones. Un total de 162 ciudadanos fallecieron antes del derrocamiento de Ceausescu y otros 942 perecieron durante los siguientes días.

Hasta el momento, solo una treintena de personas -ninguna de máxima responsabilidad- han sido condenadas por la violencia contra los civiles durante la revolución, mientras que las víctimas se quejan del abandono del Estado. La revolución de 1989 supuso el fin del régimen comunista en Rumanía.