La Fiscalía de Ecuador allana la sede de Metro-Quito por el caso Odebrecht

«Equipo de Criminalística levanta evidencias e incauta equipos tecnológicos para ponerlos en cadena de custodia», informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter, en la que colgó imágenes del allanamiento a la empresa municipal. Durante la operación, la fiscal Moreno se reunió con el gerente de Metro de Quito, Mauricio Anderson, para explicarle el allanamiento que ejecutaron los agentes del Ministerio Público.

Moreno explicó a los periodistas que en el allanamiento se incautaron de «únicamente equipos electrónicos», de los cuales se examinarán sus contenidos y se verá «qué información es pertinente para la investigación que está haciendo la Fiscalía». Moreno recordó que «la investigación es reservada», pero adelantó que se han allanado tres oficinas de la gerencia y el departamento jurídico de la empresa municipal.

Ecuador investiga a Metro de Quito en relación al caso de supuestos sobornos entregados por Odebrecht a autoridades ecuatorianas para favorecerse de los contratos de obras públicas. La Fiscalía ecuatoriana, además, suscribió en febrero pasado un acuerdo de cooperación judicial internacional con su par en Colombia con el objetivo de investigar este caso de supuesta corrupción, sobre todo en lo que se refiere a los proyectos del dragado del río colombiano Magdalena y del Metro de Quito. Ambos proyectos están ejecutados por consorcios de los que forma parte Odebrecht.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África . El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016 la constructora pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

La semana pasada, el titular de la Fiscalía de Ecuador, Carlos Baca , informó de un acuerdo con Odebrecht que se circunscribe, exclusivamente, en «materia penal» y que facilitará el acceso a «todas las evidencias» que permitan «llevar ante la Justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción trasnacional».