La Fiscalía cubana pide diez años de cárcel a dos hermanas que participaron en las protestas del 11-J

«Esto es injusto. Les están pidiendo 10 años como si hubieran hecho algo grave. Ellas no mataron a nadie, no pusieron bombas, mis hijas no agredieron a nadie, lo único que hicieron fue participar pacíficamente en las marchas del 11 de julio . Todo lo que les imputan es mentira; les quieren hundir la vida. Cuando ellas le dijeron al delegado, Héctor de la Fe Freire , que solo podrían acusarlas por participar en las protestas pacíficas, él mismo les dijo, delante de mí, que se iba a encargar de meterlas presas», declaró la madre a ABC.

Las hermanas fueron arrestadas durante la madrugada del 17 de julio en su vivienda; el delegado del Poder Popular de su localidad, junto a varios oficiales de la Seguridad del Estado, se presentaron en el lugar. Las hermanas aseguran haber sido golpeadas, así como haber presenciado la similar violencia ejercida contra otros de los detenidos.

Desde entonces, la madre no ha podido verlas, solo hablar con ellas en algunas ocasiones vía telefónica. Fue por esta vía que le explicaron las pésimas condiciones de alimentación, higiene y hacinamiento en las que se encuentran en la prisión.

«Yo participé en la manifestación porque quise, porque es un derecho», dijo Lisdany en una de esas llamadas, que su madre grabó y facilitó a ABC.

Sobre las acusaciones, su hermana Lidiani refiere: «no estoy de acuerdo con lo que me están poniendo, todo es mentira , todo se lo están inventando; las pruebas están en los vídeos de ese día; en Placetas nadie tiró piedras, ni hubo una tienda rota». Asimismo, asegura que oficiales de la Seguridad del Estado las visita constantemente en el penal para interrogarlas y amenazarlas.

Bárbara Isac explica que en el expediente incluyeron a dos supuestos testigos, oficiales de la Seguridad del Estado, que afirman que sus hijas los agredieron. «Eso es mentira. No entiendo como pueden prestarse para tal cobardía. Da hasta pena esto que están haciendo con tal de meterlas presas».

La señora presenta varios padecimientos graves de salud que le impiden trabajar, ha quedado al cuidado de una nieta de 3 años de edad, y vive de la caridad de familiares y amigos, llegando a tener que vender parte de sus pertenencias y las de sus hijas para poder subsistir; «pero eso sí, las tengo que apoyar, aunque tenga que vender mi casa», señala.

Su nieta, Nazli , pregunta constantemente por su madre. «A veces tengo que pedirle a una amiga que le hable por teléfono como si fuera su mamá, pero la niña no se lo cree, dice que su mamá no habla así. También le digo que su mamá no viene porque está trabajando en una galletería para traerle bastantes galletas, ella me dice que no quiere que su mamá trabaje más allí, que lo que quiere es que venga para darle muchos besitos».

Por su participación en las protestas del 11-J, una de las jóvenes también fue expulsada de su centro de trabajo. La directora de la escuela envió el mensaje a la madre. «Esto es una injusticia, un abuso, ellas tienen derecho a pensar lo que quieran, y ellas lo han dicho, que podían condenarlas a cien años por manifestarse, que ese era su derecho», explica la madre.

En una conferencia de prensa el 24 de julio de 2021, el presidente del Tribunal Supremo Pupular, Rubén Remigio Ferro declaró: «Las opiniones diversas , incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delitos; pensar diferente, cuestionar, no constituye delito; manifestarse, lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas; la libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencias, incluso de filiación política o ideológica, no constituye delito».

Sin embargo, Prisoners Defenders (PD) estima que las cifras de arrestados por el 11-J pudiera estar entre los seis mil y ocho mil, catalogando la situación como «el terror en Cuba». Por su parte, la ONG Cubalex reporta al menos 1078 detenidos tras el 11-J; de ellos, 533 permanecen en prisión, la mayoría de ellos por protestar pacíficamente en contra del régimen cubano.

Hasta la fecha, las autoridades se han negado a informar las cifras oficiales de detenidos. Ante la presión internacional, la prensa oficial ha ido sacando a la luz algunos datos, aunque insuficientes; el trabajo de las ONG y medios de prensa independientes, así como las denuncias constantes de las víctimas y sus familiares, es lo que permiten evaluar la gravedad de la situación.

El 18 de agosto, la prensa oficial notificaba un total de sesenta y siete personas procesadas mediante juicios sumarios, de las cuales solamente una resultó absuelta, y apenas 42 contaron con asistencia letrada. Desde entonces, por las informaciones de la prensa independiente y ONG se conoce que estos procesos han continuado pero es imposible determinar la cifra real de personas sancionadas y en qué consisten esas condenas debido al hermetismo y falta de transparencia por parte del régimen de La Habana.