El fiscal general de EE.UU. emite una orden para acelerar las deportaciones de inmigrantes

Sessions, en una orden provisional que fue criticada por algunos abogados, ha señalado que el estándar de «buena causa» limita « la discreción de los jueces de inmigración y les prohíbe continuar por cualquier motivo o no tener ninguna razón».

A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración de Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede intervenir. Sessions, un exsenador republicano designado por el presidente estadounidense, Donald Trump , no suele intervenir en comparación con sus predecesores. Sessions ha liderado los esfuerzos de la Administración Trump para tomar fuertes medidas contra la inmigración ilegal , incluida una política de «tolerancia cero» que separó a los padres inmigrantes de sus hijos mientras estaban detenidos en Estados Unidos. Trump retiró la política en junio bajo la presión política.

Lo fundamental para mostrar una «buena causa» es si una persona puede tener éxito en los esfuerzos por permanecer en Estados Unidos, ya sea solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visado o permiso de trabajo, según ha afirmado este jueves el fiscal general.

Stephen Kang , abogado del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha considerado la orden de Sessions como «preocupante» y una de varias que «se ha movido en la dirección de restringir los derechos del debido proceso para las personas que se encuentran en procedimientos de deportación».

Kang ha afirmado que Sessions parecía interpretar a los inmigrantes que buscan más tiempo para preparar sus casos como si trataran de «jugar con el sistema y evitar la deportación».

Kang ha asegurado que los procedimientos de deportación eran complejos y que la gente necesitaba tiempo tanto para obtener abogados para garantizar que sus derechos al debido proceso estén protegidos como para garantizar que sus casos sean escuchados justamente.

El Departamento de Justicia ha estado luchando por reducir la acumulación de casos de deportación. Un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2017 mostró que el número de casos que se prolongan de un año a otro se duplicó entre 2006 y 2015, principalmente porque se completan menos casos por año.