El fiscal de Bush pierde apoyos por su actitud hacia la tortura

ANNA GRAU SERVICIO ESPECIALNUEVA YORK. El presidente George W. Bush hizo ayer algo que se suele hacer pocas veces o nunca: invitó a un grupo de periodistas al selecto Salón Oval de la Casa Blanca. En

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ANNA GRAU SERVICIO ESPECIAL

NUEVA YORK. El presidente George W. Bush hizo ayer algo que se suele hacer pocas veces o nunca: invitó a un grupo de periodistas al selecto Salón Oval de la Casa Blanca. En este entorno de privilegio informativo Bush dio rienda suelta a su indignación y preocupación por el hecho de que el nombramiento de Michael Mukasey como nuevo fiscal general (ministro de Justicia) americano penda de un hilo.

Mukasey es un juez federal retirado de 66 años. Cuando Bush le llamó para sustituir al polémico Alberto Gonzales, parecía que le llamaba para apaciguar a los demócratas con un candidato bien visto por todo el mundo. Charles E. Schumer, senador demócrata por Nueva York, fue uno de los principales valedores de Mukasey desde el principio.

El consenso fue bonito mientras duró. Pocas semanas le han bastado a Mukasey para perder apoyos en picado, ante su negativa a calificar legalmente de tortura una técnica de interrogatorio basada en cubrir la cara del sospechoso con una tela y empaparla en agua, para crear una sensación de ahogamiento. Mukasey calificó esto de «repugnante», pero se resistió a admitir que viola las leyes vigentes contra la tortura.

La opinión no es baladí porque viene de quien viene, y porque puede determinar que haya o no haya fundamento para acciones legales contra interrogadores de la CIA que han usado estos métodos contra sospechosos de terrorismo, y los han usado con el consentimiento explícito del gobierno. Al mismo Bush le faltó tiempo para negar que nada de lo que se hace a los presos de Guantánamo sea técnicamente tortura. «Nuestro trabajo es conseguir información para salvar vidas, y ese trabajo lo hace gente muy preparada», concluyó.

Muy otra es la opinión de asociaciones defensoras de los derechos civiles que se han puesto a pleitear en Francia contra Donald Rumsfeld (alegando una jurisdicción universal de estos delitos, en el mejor estilo Baltasar Garzón) y de otras entidades que podrían plantearse hacer lo mismo desde suelo americano, como Human Rights Watch.

Uno de los escándalos asociados a la figura del ex fiscal general Gonzales fue la acusación de que su departamento había elaborado informes ad hoc negando que la tortura fuera tortura, o, por lo menos, que fuera ilegal. Es decir, punible. Sintomáticamente, estos informes los habían encargado los mismos agentes de la CIA responsables de los interrogatorios, inquietos por su futuro personal.

El informe de Justicia de la época Gonzales era secreto y suscitó un enorme escándalo entre los demócratas. Las declaraciones de Mukasey son públicas: constan en las respuestas escritas que ha mandado a los senadores que el martes que viene, en la sesión del comité de Justicia, tienen que votar (o no) su designación como fiscal general.

No está nada claro qué va a ocurrir. El partido demócrata ha empezado a cerrar filas contra Mukasey, poniendo a su mentor, el senador neoyorquino Schumer, en un delicado compromiso. En Estados Unidos la disciplina de partido no es tan ciega ni automática como es las más de las veces en España. Otra prueba de ello es que algunos republicanos ya han advertido que ellos tampoco piensan votar por Mukasey.