El final del caso George Floyd abre un camino incierto a la reforma policial en EE.UU.

La confluencia de ambos episodios en el marco espacio-tiempo que forman Mineápolis y la última semana explica mejor que nada la situación: la reacción a la muerte de George Floyd y el veredicto a Chauvin son históricos, pero no cambian el telón de fondo de los casos de abusos policiales, en particular con la minoría negra.

El verano pasado, millones de personas protestaron en la calle tras la aparición del vídeo de la muerte de Floyd. Fue una movilización extraordinaria, con exigencias que iba desde lo radical –abolición de la policía– hasta propuestas con apoyo más transversal, como reformas en el control y en la rendición de cuentas a los cuerpos de policía. Muchas ciudades emprendieron procesos para adaptar sus fuerzas de seguridad, muchas veces atadas a acuerdos leoninos con los sindicatos de policía. Casi un año después, ha habido pocos cambios sustanciales. Y los casos de abusos recientes, como el de Wright, o el de Ma’Khia Bryant –una joven de 16 años de Columbus (Ohio) al que un policía mató a disparos cuando la víctima trataba de atacar a otra chica– apuntan a que perviven problemas, como la formación deficiente y casos de uso de fuerza excesivo.

En 1991, el linchamiento de Rodney King por un grupo de policías en Los Ángeles y la absolución de los agentes levantó una oleada de protestas. Otra vino en 2014 por muertes como las de Michael Brown (Ferguson, Misuri) o Eric Garner (Nueva York). La indignación, las manifestaciones –en ocasiones, violentas– o los compromisos políticos para el cambio no acabaron en cambios significativos. ¿Cambiará algo con el veredicto de Chauvin?

«No sé qué recorrido tendrán los cambios, pero habrá cambios», confía Rick Chatmon, impecable en un traje negro a la puerta del templo. «Hay suficiente gente que los demanda». Los datos le dan cierta razón, con un 60% de estadounidenses que aseguran que el país debe hacer más para exigir cuentas a la policía ante maltrato a la minoría negra, según una encuesta reciente de Washington Post/ABC News. «Nos estamos uniendo para que ocurra», añade, en una afirmación que, al contrario, no sustenta la misma encuesta: hay mucha diferencia de apoyo entre grupos raciales (83% de negros, 53% de blancos) y electorados (85% de demócratas, 31% de republicanos), en una muestra más de la polarización que vive el país.

Esa brecha se acentúa donde tienen que tomarse las decisiones. Desde el verano, dos propuestas legislativas para impulsar reformas en la policía están estancadas en el Congreso. La de los demócratas, bautizada con el nombre de George Floyd, es demasiado radical para los republicanos. La de estos últimos, impulsada por el único senador conservador negro –Tim Scott–, es cosmética, apenas «un gesto» para la bancada contraria.

Una de las propuestas centrales de los demócratas es acabar con la inmunidad cualificada que tienen los agentes , por lo que no pueden ser demandados por la vía civil para indemnizaciones por sus actos. Para muchos, esta sería una forma de limitar el uso de fuerza excesiva e incentivaría a los departamentos de policía a cambiar la formación que dan a sus miembros. Hay republicanos, como el senador John Kennedy, que defienden que «destruiría los cuerpos de seguridad de nuestro país». Scott, sin embargo, se ha planteado debatir que sean los cuerpos de policía y no los agentes quienes puedan ser demandados.

Otras propuestas que rechazan los republicanos es establecer un registro nacional de mala conducta de agentes, para evitar que puedan ser contratados por otros departamentos; o dar más poder al Departamento de Justicia para supervisar a los cuerpos de policía locales. Los dirigentes policiales locales y los sindicatos ven esto último con horror. Acaban de protestar ante el Gobierno por la decisión del fiscal general de investigar las prácticas de la policía de Mineápolis.

«Lo primero que exigiría sería que los policías residan en los lugares donde trabajan», dice un hombre fornido tras acabar el funeral que se identifica como ‘Papabear’. Lleva chaqueta antibalas y le cuelga un rifle de asalto. Es uno de los miembros de Minnesota Freedom Fighters, un denominado ‘grupo de autodefensa’ que surgió en los disturbios violentos para proteger a las personas y los negocios de las comunidades negras. Hoy una docena de ellos forman el dispositivo de seguridad en el funeral. Ellos, como muchos otros miembros de su comunidad, desconfían de la policía, cuyos agentes viven en suburbios lejanos a los barrios de mayoría negra que patrullan. «Si como policía trabajo con mis hermanos, mis familiares, mis vecinos, es más fácil establecer esa confianza, desescalar situaciones. Cuesta más escuchar a un extraño».

Dentro del templo, siguen las proclamas para que se apruebe la ley policial George Floyd. El presidente de EE.UU., Joe Biden, también la apoya. Pero las perspectivas en el Congreso, con unas elecciones legislativas el año que viene, no son halagüeñas.

El impacto que quizá tenga el caso Floyd es que más fiscales decidan interponer cargos contra presuntos abusos policiales, y que más agentes y superiores acepten testificar contra otros policías, como ocurrió en su juicio.

«Ahí pudimos probar un bocado de lo que es la justicia», dice Quyumba Wilson, un joven que celebró el otro día el veredicto y lamenta ahora el caso de Wright. «Pero queremos el plato entero siempre».