Las FARC admiten que los secuestros fueron uno de los «más abominables crímenes de nuestra organización»

El caso 01 fue abierto el 4 de julio de 2018 y la JEP imputó cargos al antiguo Secretariado de las FARC-EP por estos crímenes, sucedidos entre 1993 y 2012 . Los cargos por «crimen de lesa humanidad de privaciones graves de libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes» que la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó en enero de 2021, provienen de la revisión y contrastación de los 17 informes recibidos por parte del Estado y de la sociedad civil, más de 1.000 observaciones de las 2.456 víctimas acreditadas , y de las versiones individuales o colectivas de miembros de esa guerrilla.

Es un macrocaso pues tiene un patrón, práctica o política desarrollada a lo largo del tiempo por una organización armada y en la que participan miles de sus miembros, ha dicho la magistrada Julieta Lemaitre. Esto significa que este caso 01 está realmente conformado por miles de hechos que se llevaron a cabo en diversas circunstancias, tiempos y lugares.

Este martes y lo largo de siete horas, la audiencia se centró en que los líderes del Secretariado reconocieran un patrón en los hechos, como resultado de la política de privar de la libertad a civiles, policías y militares con el fin de forzar el intercambio por guerrilleros preso s, y la aprobación de una ley de canje. Atentas, las víctimas esperaban los pronunciamientos de Timochenko y sus otros seis compañeros que dirigían la guerrilla, en la actualidad desmovilizada.

«Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC, a reconocer la adopción y ejecución de la política del secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter no amnistiarles, de acuerdo con los hechos y conductas determinadas por la Sala de reconocimiento».

Así lo dijo finalmente Timochenko, el alias con que se conoce a Rodrigo Londoño, hoy cabeza del Partido Comunes y, hasta la firma del acuerdo, máximo dirigente de esa guerrilla. Este pidió a todos los excomandantes que den toda la información y aporten todo lo que sepan pues «falta mucha verdad», como lo señaló. Aceptó, igualmente, que, durante los secuestros, a las víctimas se las trató cruelmente y fueron violentadas sexualmente. Luego, los demás miembros de la que fuera la cúpula, tomaron la palabra y uno por uno aceptó su responsabilidad.

Las víctimas estuvieron atentas a este reconocimiento de responsabilidad, encuentro para el cual víctimas y verdugos se han preparado en reuniones, talleres de trabajo conjunto y conversaciones muy duras en las que han contado, incluso, con apoyo de psicólogos. Llegar a esta semana de aparición pública tiene detrás un trabajo fundamental que se esclarezca la verdad y, como lo exigieron las víctimas, la reparación pues todas coincidieron que no han recibido ninguna por parte de las FARC.

Con la imagen del sargento de Policía César Augusto Lasso, quien llevó a la audiencia las cadenas con las que lo amarraron al cuello y volvió a ponérselas delante de sus victimarios para exigir que no se repita la barbari e, el martes 21 de junio se acabaron formalmente los eufemismos: no fueron retenciones, ni privaciones de la libertad, términos con los que tantas veces miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC han tratado de camuflar el significado de este crimen y su responsabilidad. Fueron secuestros. Siete horas de evidencia, que este miércoles 22 y el jueves 23 deben continuar con el proceso de aceptación de cargos .

La palabra «secuestro» aún se les atraganta un poco, ahogo que no se compara al de los familiares de 21.396 secuestrados por esa guerrilla, que empezó con esta práctica privando de libertad a miembros de la fuerza pública para canjearlos por sus presos políticos. De allí pasó a secuestrar civiles, ganaderos, productores del campo, comerciantes, sin importad edad, condición o contexto. El secuestro de un país que no se cansa de repudiarlo.

Lo que sigue, tras esta semana, es la evaluación de si el reconocimiento hecho es suficiente y cumple con los criterios. Luego, en un lapso de tres meses, el Tribunal para la Paz definirá, con apoyo de las víctimas, la sanción que recibirán. Y entonces se sabrá si los acusados mantienen o no su curul en el Congreso.