Los falsos 'competidores' contra Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua

Los falsos competidores no tienen ninguna posibilidad de ganar. No cuentan con una propuesta política, y la mayoría de sus postulantes son desconocidos. Muchos de ellos no tienen órganos colegiados, congreso ni estructuras territoriales. Su único fin es la obtención de un escaño en el Parlamento tras los resultados de las elecciones.

Los partidos previstos y con una marcada estela de colaboracionismo son el Partido Liberal Constitucionalista, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense, Partido Liberal Independiente y Alianza Liberal Nicaragüense . Las pruebas de su apoyo incondicional al régimen se evidencia en su nula oposición. Todos ellos han dado su voto favorable al régimen en las sesiones parlamentarias, sin importar que una ley sea represiva o viole derechos humanos. «Estamos hablando de partidos que no llegarían siquiera al uno por ciento, y que incluso así recibirán un reembolso electoral. Todo se reduce a una cuestión de salarios, escaños o dinero», explica el doctor en sociología y analista José Alcázar .

Una de las reformas a la Ley Electoral que ejecutó Ortega a mediados de mayo, consistió en premiar esta arraigada práctica . Las antiguas disposiciones dictaban que solo quienes obtuvieran más del cuatro por ciento de los votos, tendrían derecho a un reembolso por gastos de campaña. Con los cambios, cualquier partido que participe será reembolsado, aunque tenga menos del uno por ciento. Es decir, ‘zancudismo’ puro y duro. «El término ha sido una constante. Hemos visto a inicios de siglo a socialistas plegados a regímenes militares como los de Somoza para garantizar la sobrevivencia. El FSLN lo promovió en los años 80, al pactar e incluir en su Dirección General a sectores que eran ideológicamente incompatibles con ellos», asegura Alcázar.

Así, el régimen allanó el camino para su continuidad . Las reformas pusieron zancadillas a los aspirantes con mayor credibilidad dentro de los movimientos opositores surgidos tras las protestas de abril de 2018, en las que fueron asesinadas 327 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero el golpe final vino con la nueva ola de detenciones que ejecutó el gobierno. Hasta el cierre de esta edición han sido encarceladas 37 personas —siete de ellas verdaderos precandidatos de oposición—. La mayoría de los detenidos son juzgados por el delito de ‘conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional’ y ‘lavado de dinero, bienes y activos’, contemplados en el Código Penal del país.

Además de la férrea represión, el CSE canceló a dos partidos políticos que serían vehículos electorales de estos candidatos tras unas elecciones internas. Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Restauración Democrática (PRD) fueron sacados de la contienda por tener conexiones con los movimientos surgidos en 2018.

«La táctica de utilizar las instituciones judiciales y electorales para evitar que los contendientes más desafiantes pudiesen participar en el proceso electoral no es nueva. La novedad que se introdujo este año fue la del encarcelamiento masivo de figuras de alto nivel», explicó Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group a ABC. «Además, Ortega siempre ha podido contar con el apoyo de partidos que tienen una base electoral muy mínima. Son los únicos que se benefician de esta situación, por tener escaños o funciones en otras instituciones», agrega Breda.

Alexa Zamora es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), uno de las agrupaciones sociales más grandes que existen en el país, pero a pesar de su largo trabajo en temas de incidencia y política, no tiene idea de dónde salieron los actuales candidatos a presidente y vicepresidente. Los únicos nombres conocidos son los de Ortega y Murillo. «No conozco a ninguno», dice mientras se ríe. El desconocimiento en Nicaragua es tal que ninguno de ellos perfila en las encuestas realizadas por la firma CID Gallup durante el primer semestre de 2021. Muy al contrario, los nombres que repuntaron fueron silenciados con cárcel, como en el caso de Cristiana Chamorro , exdirectora de la Fundación Violeta Barrios. Chamorro era de las mejores valoradas, en gran parte por el legado moral que representa su familia para el país. Es hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de los Somoza en 1978 y de Violeta Barrios, la primera presidenta de Nicaragua que derrotó al eterno caudillo sandinista a inicios de los 90. Una situación que Ortega no iba a permitir por segunda vez.

Pese a la evidencia del próximo fraude electoral, el ministro de Exteriores Denis Moncada aseguró en la Asamblea General de las Naciones Unidas que «el pueblo elegirá a sus autoridades el 7 de noviembre». Una afirmación alejada de la realidad de los nicaragüenses, quienes enfrentan el mismo dilema de las pasadas elecci», fue el llamamiento de diversos sectores de la sociedad civil en aquel entonces, y todo indica que esta vez se repetirá la consigna.