La UE exigirá que las empresas revelen si operan en paraísos fiscales

Funcionarios europeos que participan en la elaboración de la directiva reconocieron a ABC que ha sido sobre todo el terremoto político producido por la masiva revelación de documentos lo que les ha llevado a plantear la reforma a fondo de una propuesta que ya estaba sobre la mesa. El objetivo inicial era obligar a todas las empresas con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y que actúen en el mercado europeo a publicar de forma desglosada, país por país, la cifra de sus beneficios, la de los impuestos que pagan y el número de empleados.

La iniciativa era la reacción a las revelaciones sobre la actividad fiscal de numerosas multinacionales operativas en el mercado europeo que, gracias a mecanismos de ingeniería fiscal, eluden pagar impuestos en la mayoría de los países a cambio de una cantidad fija entregada en un estado que le dé especiales ventajas, casi siempre Luxemburgo, Holanda o Bélgica.

La Comisión creía que bastaría con obligar a las empresas -unas 6.000- a este ejercicio de transparencia para que las autoridades de cada país supieran si alguna aprovechaba para eludir impuestos. Ahora, Bruselas pretende añadir el requisito de que revelen también si tienen algún tipo de actividad fuera de la UE y si actúan en «países no cooperativos», es decir, de fiscalidad opaca. Para saber cuáles son esos países, la Comisión quiere redactar una lista común, ya que hasta ahora son los propios gobiernos los que deciden por su cuenta qué estados o territorios son «paraísos fiscales».

Después del escándalo de los «apaños fiscales» en Luxemburgo, en el que se vio personalmente señalado, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker , este es especialmente favorable a la directiva reforzada por razones más que evidentes. Los responsables de Finanzas (Jonathan Hill), Economía (Pierre Moscovici) y el vicepresidente responsable del euro (Valdis Dombrovskis) trabajan intensamente para tener la propuesta lista el martes, cuando la Comisión se reunirá en Estrasburgo, donde se espera que la apruebe.

La propuesta de Bruselas podría incluir otros mecanismos más terminantes, como la posibilidad de que las autoridades fiscales europeas tengan acceso directo a la información de la identidad de los propietarios reales sin necesidad de pasar por una autorización judicial. La Comisión va más lejos de las propuestas de la OCDE que habla de un intercambio de información entre las autoridades fiscales. Una vez aprobada por la Comisión, la propuesta ha de ser apoyada por una mayoría cualificada de países.