La OEA exige a Ortega facilitar las investigaciones de derechos humanos en Nicaragua

El consejo permanente de la OEA aprobó el miércoles una resolución condenatoria en la que pidió una vez más a Ortega a tomar acciones inmediatas para allanar el trabajo de investigación de la realiza en Nicaragua Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que pertenece a la OEA. Un total de 19 de los 34 miembros activos de esta organización votaron a favor de esta resolución con la que espera que el Gobierno facilite y colabore con las labores que el CIDH lleva a cabo en el país centroamericano. Dos de los países que votaron en contra fueron Venezuela y Bolivia, dos aliados del régimen orteguista.

El gobierno de Nicaragua, sin embargo, prefirió mantenerse en silencio ante una nueva resolución de la OEA relacionada con los crímenes cometidos para acallar las manifestaciones. El mismo miércoles por la noche, Ortega participó en un acto público en el que no hizo referencia a la decisión del organismo internacional, a pesar de que esta última resolución abre las puertas para que los países de la OEA puedan comenzar a aprobar sanciones bilaterales contra Nicaragua. «A pesar de los esfuerzos cínicos del Gobierno de Nicaragua por disfrazar la verdad, sigue la represión», dijo Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Precisamente, Estados Unidos es uno de los doce paíse que es parte del denominado como Grupo de Trabajo, un organismo creado por la OEA que busca una solución política a la enquistada crisis nicaragüense.

El Diálogo Nacional que inició el 16 de mayo en Nicaragua para tratar de encontrar una solución, con la mediación de la Iglesia, está paralizado desde junio debido al continuo uso de la violencia ejercido por el Gobierno de Nicaragua para cesar las protestas ciudadanas. Asimismo, Ortega se ha mostrado radicalmente reacio a dejar el poder y celebrar elecciones anticipadas para pacificar el país, tal y como le pide la oposición, compuesta principalmente por empresarios, estudiantes y organizaciones civiles. Desde que comenzaron las marchas, varias organizaciones estiman que más de 150 personas han sido detenidas y acusadas de cometer delitos de terrorismo.