Estados Unidos sanciona a 13 altos mandos del Gobierno de Venezuela

Entre los sancionados están el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol Torres; el jefe del Ejército, Jesús Suárez; el responsable de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sergio José Rivero Marcano; el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Pérez; y un antiguo director de este último cuerpo, Franklin Horacio García Duque, todos ellos acusados de contribuir a «violaciones de los Derechos Humanos» en el marco de la represión de la última ola de protestas.

La lista difundida por el Departamento del Tesoro norteamericano incluye además a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; al responsable de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente, el exministro Elías Jaua; la integrante de esta comisión Iris Varela, exministra de Servicios Penitenciarios; y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

Washington reprocha a este último bloque su defensa de la reforma constitucional impulsada por Maduro y la adopción de medidas que perjudican la democracia en Venezuela, según la nota oficial. El Tesoro considera que la Asamblea Constituyente sólo servirá para «representar los intereses del Gobierno del presidente Maduro».

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, ha advertido de que las personas que salgan elegidas para la Constituyente en la votación del próximo domingo también «podrían exponerse a sanciones» , ya que estaría contribuyendo a la erosión del proceso democrático y de las instituciones. «Como el presidente (Donald) Trump ha dejado claro, Estados Unidos no ignorará los actuales esfuerzos del régimen de Maduro para perjudicar la democracia, la libertad y el Estado de Derecho», ha avisado Mnuchin.

El Gobierno de Estados Unidos t ambién ha incluido en su lista de sanciones a cuatro directivos de dos empresas estatales asociadas con actividades de «corrupción». En este sentido, ha confirmado castigos contra el vicepresidente de la petrolera estatal (PDVSA) Simón Zerpa y su antecesor, Carlos Malpica Flores, así como contra el actual y el anterior responsable del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Rocco Albisinni Serrano y Alejandro Fleming Cabrera, respectivamente.

Hasta la medida conocida este miércoles, el funcionario venezolano de mayor rango contra el que se había dirigido la Administración estadounidense era el vicepresidente del país, Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente esgrimiendo que es la única forma de devolver la paz social a Venezuela, que desde abril sufre una nueva ola de violencia por la represión de las protestas contra el Gobierno, que ya han dejado más de cien muertos.

El 30 de julio los venezolanos elegirán a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, de los cuales 173 saldrán de sectores afines al «chavismo» y 364 tendrán carácter territorial, a lo que se suman ocho representantes indígenas que serán elegidos el 1 de agosto.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha alertado de que la Asamblea Constituyente es un intento de Maduro para perpetuarse en el poder. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) y numerosos gobiernos de la región han denunciado una «ruptura del orden constitucional» en Venezuela por la deriva autoritaria del Gobierno.