¿Brotes verdes para los Estados fallidos?

El índice, liderado en el otro extremo por Finlandia y que cuenta con seis naciones africanas entre las diez peor clasificadas, evalúa a más de 170 Estados frente a doce indicadores sociales, económicos y políticos. Éstos incluyen variantes tales como el desarrollo desigual, la legitimidad del Estado o el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, al margen del común sensacionalismo de este tipo de clasificaciones, algunos de los países (pese a quien le pese) comienzan a vislumbran «brotes verdes» en su futuro.

Éste es el caso precisamente de Somalia, quien el próximo 20 de agosto celebrará elecciones directas a la presidencia (tras casi tres décadas de olvido) y cuya capital, Mogadiscio, se abre poco a poco a una normalidad relativa pese al conflicto que asola el país. No en vano, la semana pasada el Ejecutivo somalí comenzó a extender un sistema de alumbrado solar por toda ciudad (aunque esto no aparezca en las cifras del estudio). Noble propuesta, para un Gobierno cuyo presupuesto anual es de tan solo 15 millones de euros.

Un caso similar al de República Democrática del Congo, segundo país de esta poco honorífica clasificación. Pese al notable pucherazo electoral que supusieron las elecciones del pasado mes del noviembre, en las últimas dos décadas, la mortalidad infantil se han reducido en todo país del 15 a 8 por ciento. En este sentido y como asegura el analista Charles Kenny , si ponemos estas cifras en contexto, significa que un niño en el actual Congo tiene una mayor oportunidad de sobrevivir que un menor en Corea del Sur o México en los años 60 .

Y no se trata sólo de la salud. En la actualidad el 12,6% del presupuesto nacional se emplea en educación, lo que permitió que hasta 13 millones de menores fueran matriculados en la escuela en 2007.

No son casos únicos. Mientras que en Zimbabue, quinta de la clasificación, las próximas elecciones (de momento, sine die) podrían aumentar la presión sobre el gobernante ZANU-PF para demostrarse como un partido creíble y democrático, en Kenia (número 16), el Tribunal Penal Internacional abría a comienzos de año un proceso contra cuatro de los seis acusados de orquestar la ola de violencia post-electoral de 2008, que se cobró la vida de más de 1.300 personas y dejó 300.000 desplazados. Una circunstancia, de amplio calado político, que parecía ciertamente una utopía hace tan solo cuatro años.