Escocia trata de mirarse en las competencias fiscales del País Vasco

No puede legislar en cambio en asuntos "reservados" al Parlamento y al gobierno del Reino Unido. Entre ellos figura el sistema de seguridad social; la inmigración; la defensa; la política exterior ; el empleo; las telecomunicaciones; los recursos energéticos y las leyes nacionales

A raíz del referéndum sobre la independencia de Escocia del 18 de septiembre de 2014 , en el que ganó la opción en favor de mantenerse dentro del Reino Unido, se puso en marcha un proceso de transferencia de más poderes al Parlamento escocés, en particular en materia fiscal, prestaciones sociales y elecciones parlamentarias. El pasado 23 de marzo la ley presentada en 2015 por el Gobierno británico se convirtió en el “Acta de Escocia 2016”.

La nueva transferencia más significativa se produce en materia de impuestos. El Parlamento escocés tendrá competencia para recaudar y fijar los tipos y los tramos del total del impuesto sobre la renta, lo que le da un control directo sobre cerca de 13.000 millones de euros. Supone un paso más allá, por ejemplo, de las competencias de las comunidades autónomas españolas que tienen cedido el 50% del impuesto.

Sin embargo, en esa materia Navarra y el País Vasco siguen teniendo más competencias que el Parlamento de Escocia.

En concreto, el caso vasco es especialmente atractivo para las autoridades del nuevo Parlamento escocés. A finales de octubre una comisión escocesa visitó Euskadi para familiarizarse con el Concierto Económico entre Vitoria y el Estado español.  Las autoridades vascas explicaron a las escocesas la peculiaridad del "pacto bilateral" entre el Estado y la comunidad autónoma que otorga a Euskadi potestad normativa en materia de impuestos y le permite además asumir la gestión de la recaudación.

Cataluña es también un modelo que en cierta medida produce envidia a los escoceses. El Parlamento escocés comenzó a funcionar en 1999, con competencias limitadas en materia de seguridad social, vivienda y algunos impuestos. En cambio, el actual Parlamento catalán -que comenzó a funcionar tras las elecciones legislativas de 1980- tiene más de 58 competencias exclusivas o compartidas . La comunidad autónoma catalana gestiona diferentes ámbitos: desde educación, asuntos sociales, tráfico, determinación de políticas económicas y de comercio, hasta cuestiones de cultura, turismo y vivienda.