El escándalo del narco socava una salida militar tras la muerte de Chávez

Las revelaciones de Aponte sobre la implicación de los militares fuertes del chavismo en el tráfico de droga , en una operación supervisada por el propio presidente del país, podría abortar una de las salidas que está barajando Chávez para su sucesión: la instauración de una junta militar formada por sus más cercanos compañeros de armas que suspenda la celebración de las elecciones previstas para el 7 de octubre .

Si una opción militar, que el chavismo justificaría por la excepcionalidad del momento y el peligro de desórdenes, ya sería difícil de aceptar internacionalmente, tendría aún más rechazo por el carácter de «narcogenerales» de sus componentes.

Dulcificar esa salida podría ser una de las principales misiones del anunciado Consejo de Estado , figura existente en la Constitución, pero nunca constituido. El Consejo de Estado actuaría como una mera pantalla de formalidad. Encabezado por el vicepresidente, su composición en realidad denota un bajo perfil de poder (la figura más destacada es José Vicente Rangel , un octogenario con habilidad política, pero sin peso real en el escenario de la sucesión), lo que indica que el centro de gravedad residiría en otra parte.

Además de Aponte, un segundo exjuez del Tribunal Supremo, Luis Velázquez Albaray , contactó el lunes con las autoridades de Estados Unidos, para anunciar su disposición a viajar a Washington y declarar sobre las prácticas de narcotráfico del chavismo, según fuentes conocedoras de los trámites. Velázquez reside en estos momentos en Costa Rica , tras haber pasado unos años en España.

Aunque su testimonio no se refiere a operaciones recientes -salió de Venezuela hace seis años-, es igualmente importante para actuar de testigo contra algunos de los principales actores del narcotráfico. Entre estos, el juez Aponte, huido de Venezuela tras su destitución el 20 de marzo, ha señalado al general Clíver Alcalá ; al ministro de Defensa, Henry Rangel ; al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello , y al director de la Dirección de Información Militar, Hugo Carvajal .

Alcalá y Rangel ya habían sido incluidos en la lista elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas, como Hizbolá . Cabello había sido mencionado por los cables del Departamento de Estado divulgados por Wikileaks como «uno de los principales polos de corrupción de Venezuela».

La DEA y el F BI «tienen montañas de información que inculpa a todos ellos, desde conversaciones telefónicas grabadas a correos electrónicos y otros documentos, pero lo que no tenía era un testigo, y sin él toda esa información no tiene validez para presentar cargos en el sistema legal estadounidense», advierten las fuentes consultadas.

Aponte, quien aún no ha terminado sus declaraciones a la DEA y a los fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, ocupada de todas las transacciones sospechosas hechas en el mundo en dólares, ejercerá de testigo protegido en el caso de que se llegue a un juicio en ausencia contra los «narcogenerales» venezolanos.

Aunque éste se demore, EE.UU. puede dictar «endiments» -resoluciones de acusación- que convierten a las personas acusadas en «parias» internacionales , con órdenes de captura por cualquier país en el que se encuentren y posibles sanciones a quienes les reconozcan si pasan a dirigir altos puestos institucionales.