La UE emprende acciones legales contra el Reino Unido por incumplir el protocolo irlandés

Bruselas intenta limitar los daños que causará su reclamación para que se cumpla el protocolo irlandés y preservar así el mercado único europeo

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, habla sobre las regulaciones en la UE Reuters

15/03/2021
Actualizado a las 21:16h.

La UE ha emprendido acciones legales contra el Reino Unido por la decisión unilateral del Gobierno británico de retrasar la puesta en marcha de los mecanismos acordados dentro del llamado protocolo irlandés , según ha confirmado la Comisión Europea. Además, el vicepresidente Maros Sefcovic, encargado ahora de las relaciones con Londres, envió ayer tarde una 'carta política' dirigida a su homólogo, David Frost, en la que pide que «rectifique» la situación y se abstenga de «violar el compromiso de buena fe» del protocolo.

La otra carta, la que inicia el procedimiento de disputa, es el primer paso para abrir una vía judicial en derecho comunitario. La llamada 'carta de emplazamiento' comunica a Londres las acusaciones, basadas en el hecho de que haya decidido unilateralmente no aplicar los controles en la llegada de mercancías a Irlanda del Norte tal como fue acordado en el acuerdo de retirada, y exige que se ponga fin a esa situación. La misiva le da al Gobierno británico un plazo de un mes para responder y argumentar sus posiciones y, si esas explicaciones no le convencen a la Comisión o no hubiera respuesta, entonces se iniciaría el procedimiento judicial. Esta es la primera confrontación legal grave entre la UE y su antiguo socio y se produce apenas 14 meses después de firmado el tratado de separación que ahora se acusa a Londres de incumplir .

La disputa se desencadenó después de que David Frost, quien negoció el acuerdo comercial, fue elegido para sustituir a Michael Gove como presidente del comité conjunto UE-Reino Unido encargado de gestionar las relaciones bilaterales y hacer cumplir el acuerdo de retirada. Frost decidió unilateralmente mantener hasta octubre el periodo de gracia para los controles de mercancías que cruzan el Mar de Irlanda hacia Irlanda del Norte. Sefcovic consideró que eso era un incumplimiento grave de las obligaciones legales que asumió el Reino Unido en el acuerdo de retirada.

De todos modos, lo que se puede constatar por otro lado es que a estas alturas el Reino Unido ni siquiera es capaz de controlar las importaciones desde Europa, a pesar de que anunció antes de la ruptura que tendría operativos desde el primer momento más de 30 centros de control. A pesar de que el referéndum sobre la salida de la UE se produjo en 2016 y que el lema de la «recuperación del control sobre nuestras fronteras» era uno de los preferidos de los partidarios del Brexit lo cierto es que las mercancías que entran en el país no podrán ser controladas correctamente antes de 2022, mientras que las exportaciones a la UE sí que pasan la aduana sistemáticamente desde el primero de febrero, lo que constituye un desdoro para los británicos. Entre el Covid y el Brexit, las exportaciones han caído de forma más que significativa.

Dos vías legales posibles

De hecho, la decisión de extender el periodo sin controles fue una sorpresa para la UE y para los líderes políticos irlandeses, los más concernidos sobre el tema, ya que parecía haber avances en la discusión sobre los controles de productos de supermercado, paquetes y plantas durante una reunión del comité conjunto dirigido por Sefcovic y Gove la semana anterior.

La UE tiene dos vías legales posibles. Un procedimiento en virtud del acuerdo de retirada, que conduciría a un caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, lo que causaría sin duda más daños a la frágil relación política entre las dos partes, teniendo en cuenta que los partidarios del Brexit tienen una alergia declarada a este tribunal. Por ello, la Comisión podría optar por iniciar un procedimiento en el marco de los mecanismos de solución de disputas del acuerdo comercial y de cooperación sellado la pasada Nochebuena. Aunque el protocolo irlandés forma parte del tratado de separación y no del acuerdo comercial, usar este mecanismo llevaría la disputa a un panel de arbitraje, lo que puede favorecer un ambiente menos conflictivo. En todo caso, fuentes europeas han insistido en que mantendrán una «posición firme» en la defensa de los compromisos pactados.

Seguramente para evitar empeorar las cosas, la 'carta política' de Sefcovic se propone «animar el diálogo» para hallar «soluciones estables y previsibles» teniendo en cuenta que a estas alturas el Reino Unido ni siquiera ha explicado a los europeos cómo piensa aplicar el protocolo irlandés cuyo contenido suscribió en el tratado de retirada. «Estamos dispuestos a hablar pero necesitamos que el Reino Unido nos diga cuáles son sus intenciones para que el protocolo pueda aplicarse totalmente», dijeron fuentes europeas ayer.

El protocolo irlandés prevé que el Reino Unido efectúe controles de las mercancías que entran en la provincia de Irlanda del Norte desde otros lugares del país para poder mantener plenamente abierta la frontera entre este territorio y la República de Irlanda, que sigue siendo parte del mercado interior europeo. Esta fue la solución «imaginativa» que encontraron los negociadores para evitar a toda costa una frontera física entre las dos Irlandas y salvaguardar el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 , así como facilitar la vida diaria de los norirlandeses. Si las importaciones en general no son controladas en el Reino Unido y no se aplican las disposiciones previstas para controlar la llegada de mercancías al Úlster, Bruselas cree que existe el riesgo de que entren en el mercado europeo productos dañinos.

Sin embargo, este asunto ha desatado otro frente legal para Boris Johnson ya que varios partidos unionistas de Irlanda del Norte han emprendido una serie de acciones legales contra el Gobierno británico al que acusan de haber violado el Acta de Unión del Reino Unido como el Acuerdo de Belfast para el fin de la violencia en el Úlster, porque incorporaría una «frontera» entre la isla de Gran Bretaña y la provincia de Irlanda del Norte, es decir, entre dos territorios del mismo país. Si estos procedimientos llegan a los tribunales, el Gobierno británico se verá acorralado por dos peticiones contradictorias al mismo tiempo, aplicar y no aplicar el protocolo irlandés.