El régimen de Ortega acusa formalmente a ocho líderes opositores de «conspiración»

A finales de mayo, el régimen desató una oleada de detenciones contra líderes opositores, que afectó tanto a políticos, como al sector empresarial, a los medios de comunicación, a sí como a los líderes campesinos y estudiantiles que participaron en las protestas de abril de 2018. Tanto los abogados defensores como los familiares de los detenidos han denunciado durante estos meses la imposilidad de acceder a ellos, además de la falta de transparencia del proceso judicial. «Cómo ya es habitual en este Estado del NO derecho que es Nicaragua, dónde la arbitrariedad es la norma, los juicios secretos y a puerta cerrada continúan», denunciaba en su cuenta de Twitter Ana Lucía Álvarez , hermana de Tamara Dávila. «Todas las personas acusadas entre ayer y hoy tenían defensas escogida por familiares y apersonadas, sin embargo ningún abogado u abogada fue notificada de la supuesta audiencia preliminar».

Según el código penal de Nicaragua, citado en el comunicado del Ministerio Público, los imputados podrían ser sancionados con penas de hasta 15 años de prisión, recoge el diario ‘Confidencial’, medio que también ha sufrido los envites de la represión de Ortega. Su director, Carlos F. Chamorro, acusado también y con una orden de detención, anunció ayer, desde el exilio, la suspensión del programa ‘Confidencial Radio’ como consecuencia de «la censura y las amenazas» del régimen, en un proceso de « criminalización de los medios de comunicación , contra el ‘Confidencial’ y en contra de mi persona».