Las elecciones amañadas de un Hong Kong irreconocible

De acuerdo a la nueva ley electoral, los 4,5 millones de votantes tan solo elegirán por sufragio directo 20 de los 90 escaños del Consejo Legislativo, a disputa entre 153 candidatos preaprobados por el Ejecutivo como «patriotas». Ante la parcialidad evidente de la normativa, la participación ha pasado a constituir la métrica más relevante. A las 16:30 hora local, ocho después de la apertura de los colegios, apenas el 21% de los ciudadanos habían depositado su voto , cota diez puntos porcentuales inferior a los comicios de 2016, en lo que va camino de convertirse en la cita electoral con menor participación en la historia moderna de Hong Kong.

El Gobierno local teme que esta falta de involucración ciudadana haga patente la endeble legitimidad de sus instituciones políticas. La jefa del Ejecutivo Carrie Lam, sin embargo, ha defendido esta mañana durante una comparecencia de prensa que la baja participación denota la «satisfacción» generalizada de los ciudadanos. Desde su segundo año de mandato, Lam ha roto récords como la líder peor valorada en la historia del territorio, según datos del Instituto de Investigación de Opinión Pública de Hong Kong. Su índice de aprobación llegó a caer en 2020 por debajo del 20%.

Estas elecciones deberían haberse celebrado en septiembre de 2020. Las autoridades de la excolonia británica, sin embargo, adujeron el riesgo para la salud pública que representaba la pandemia para postergar una cita en la que la oposición parecía encaminada a obtener un éxito sin precedentes.

Las fuerzas prodemocracia ya habían cosechado una mayoría histórica en las municipales de noviembre de 2019, imponiéndose en la mayoría de concejalías gracias al impulso de las multitudinarias protestas antigubernamentales que comenzaron en el verano de ese año.

El plan de la oposición consistía en presentar una lista unitaria a las elecciones legislativas y maximizar así sus posibilidades de controlar la cámara, lo que les permitiría bloquear la acción del Ejecutivo rechazando, entre otros proyectos, los presupuestos anuales. Con tal propósito en mente, en el verano de 2020 organizaron unas primarias en las que participaron alrededor de 600.000 personas, casi un 10% de la población de Hong Kong (7,5 millones). Fue entonces cuando el Gobierno echó el freno, anunciando en julio el aplazamiento de los comicios.

En mayo de este año entró en vigor una nueva ley electoral. Esta aumentó el número de escaños del Consejo Legislativo, que pasó de 70 a 90, pero redujo la cantidad elegida por sufragio directo: de 35, más de la mitad, a 20, ni siquiera una cuarta parte, haciendo matemáticamente imposible que las fuerzas prodemocracia lograran la mayoría parlamentaria.

De los 70 restantes, 40 serán elegidos por el Comité Electoral, órgano encargado de designar al jefe del Ejecutivo y bajo control del Partido Comunista Chino, mientras que 30 serán repartidos entre asociaciones electorales también favorables a los intereses del régimen. Esto pese a que, tal y como recoge la Ley Básica que rige el territorio, China se comprometió a conceder a Hong Kong el sufragio universal pleno, reivindicación que en 2014 desencadenó la Revolución de los Paraguas.

Esta reforma establecía, además, que solo «verdaderos patriotas» podrían desempeñar puestos de responsabilidad política. A consecuencia, la mayoría de representantes prodemocracia ni siquiera han podido presentar su candidatura; muchos se encuentran en la cárcel, a espera de juicio, exiliados o apartados de las instituciones. A lo largo del día de hoy, aquellos que abandonaron el territorio han lanzado una campaña en redes sociales bajo la etiqueta #ReleaseMyCandidate –«Liberad a mi candidato»– llamando a la abstención para deslegitimar los resultados. Las autoridades de Hong Kong ya han emitido órdenes internacionales de arresto contra cinco de ellos.

Antes del aplazamiento de las elecciones, China ya había acelerado la erosión de la independencia del territorio con la imposición de la Ley de Seguridad Nacional. El gigante asiático vulneraba así la Ley Básica y los acuerdos internacionales para la devolución de soberanía de 1997, según los cuales se comprometía a respetar los derechos y libertades imperantes en la excolonia británica durante al menos medio siglo.

Este marco jurídico implantado desde Pekín castiga con hasta cadena perpetua «el separatismo, el terrorismo, la subversión de los poderes del Estado y la confabulación con fuerzas extranjeras». Las autoridades han empleado esta ley para maniatar a oposición, medios de comunicación y sociedad civil de Hong Kong, otrora una anomalía histórica, hoy cada vez más indistinguible del resto de China.