Ejecutados y quemados: cinco años del crimen de Ayotzinapa

El triste aniversario del conocido como «caso Ayotzinapa» , debido al nombre del municipio donde los 43 jóvenes -entonces de unos 20 años- estudiaban para ser profesores, llega en un momento en que la investigación oficial del caso se desmorona como un castillo de naipes. Y es que a inicios de septiembre un juez puso en libertad a Gildardo López Astudillo , alias «El Gil», uno de los principales acusados por la Fiscalía de participar en la desaparición de los estudiantes. Así, un juez desestimó 60 pruebas presentadas contra «El Gil» por haber sido obtenidas de manera ilícita, motivo por el que no existían evidencias que involucraran al sospechoso en el secuestro de los jóvenes.

La liberación de «El Gil» es muy significativa porque según la Fiscalía -comandada bajo el entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto - fue el vínculo entre la policía y el cártel local Guerreros Unidos, quienes supuestamente trasladaron a los estudiantes a un basurero en el pueblo de Cocula, donde fueron ejecutados y quemados. Esta versión oficial que defendió la Fiscalía de Peña Nieto se basa en el testimonio de más de cien personas. Sin embargo, al cierre de esta edición han sido ya liberados 77 de los 142 detenidos por el caso, debido a diversas irregularidades de la Fiscalía, como torturas sobre los sospechosos o pruebas inconsistentes.

«Son culpables, pero por torturas y mala práctica de la Fiscalía están siendo liberados», dice Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos.

Resolver el caso Ayotzinapa es una de las prioridades del presidente mexicano Andrés Manuel López Obradror (AMLO). Para ello, un primer paso que ha anunciado la Fiscalía -ahora controlada por AMLO- va a ser presentar recursos legales para procesar por la mala praxis al entonces fiscal Jesús Murillo Karam y dos funcionarios que tuvieron participación directa en la investigación: Tomas Zeron y José Aarón Pérez Carro.

A su vez, AMLO firmó un decreto en diciembre en el que ordenó crear una Comisión de la Verdad para volver a investigar este complejo caso para, así, cumplir el mandato de un juez mexicano que ordenó en junio de 2018 la creación de un comité para analizar de nuevo la desaparición. «Hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura», dijo en su sentencia en la que justificó la necesidad de crear una comisión porque «en México no se cuenta con una Fiscalía independiente».

Bautista es precisamente uno de los cinco familiares que son parte de dicha comisión. Según explica a ABC, la comisión aún no ha empezado a indagar el caso que «no volverá a investigarse desde cero». En su opinión hay que centrar la pesquisa en cuatro áreas: la posible participación que tuvo el Ejército, si los estudiantes fueron llevados al pueblo de Huitzuco, aclarar por qué había policías que supuestamente tenían los móviles de los jóvenes y la probable implicación del narcotráfico, ya que una de las teorías es que el motivo de la agresión fue el trasiego de drogas.

«Estamos a unos días de cumplir los cinco años y nos sentimos muy tristes. Es desesperante llevar cinco años sin saber nada de nuestros hijos», lamenta Bautista, quien asegura haber recuperado la ilusión de volver a encontrarse con Benjamín. «Este gobierno nos abre las puertas. Tengo la fe y la esperanza de que pronto llegaremos a la verdad», sentencia.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los crímenes en México más conocidos internacionalmente. Este delito puso en evidencia la incapacidad del estado mexicano para asegurar la seguridad y justicia para sus ciudadanos, además de evidenciar los nexos entre gobierno y grupos de narcotraficantes. Y es que de ser cierta la muy discutida y aterradora versión oficial, un grupo de policías entregó a los jóvenes al cártel Guerreros Unidos para deshacerse de los cuerpos.

En los días posteriores a aquel trágico 26 de septiembre, México contemplaba espeluznado como las autoridades encontraban en el Estado de Guerrero varias fosas clandestinas repletas de cadáveres, pero no correspondían a los de los 43 jóvenes.

Según datos oficiales, hay unas 40.000 personas desaparecidas en todo México. No obstante, varias organizaciones ciudadanas afirman que podría haber más de 300.00 desaparecidos, pues hay muchos familiares que no denuncian por temor a las represalias de los grupos del crimen organizado.

El Gobierno de AMLO ha lanzado un plan de búsqueda para hallarles. Y por primera vez ha publicado un informe en el que calcula que existen un total de 3.024 fosas clandestinas en su territorio. Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco son algunos de los estados que tienen un mayor número de cementerios clandestinos. En México se han producido cerca de 223.000 asesinatos desde que en 2006 Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico.