Cuatro años sin justicia para los muertos de Rabaa

«Mi hijo Mahmud fue a Rabaa y murió en lo que era una protesta legítima. Muchos jóvenes murieron, y ningún policía de los que dispararon contra gente desarmada ha sido juzgado... ni va a serlo», lamenta Heba (nombre ficticio) cuatro años después de aquel día de confusión y miedo, en el que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes. Según Human Rights Watch, al menos 817 personas murieron ese 14 de agosto, aunque la organización admite que las cifras estarían más cerca de las 1.000 víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad egipcio admite apenas 638 muertes , 595 civiles y 43 oficiales de policía. La carga comenzó a las 6 de la mañana, y para el final del día, Rabaa era un caos de fuego y sangre mientras los muertos se acumulaban en hospitales improvisados en mezquitas o en las calles, a veces con el rostro irreconocible quemado por el fuego. «Busqué a mi hijo al día siguiente. Tuve que ir mirando cara a cara, filas enteras; fue el peor momento de mi vida, una angustia de no saber si lo iba a encontrar, pero también de encontrarlo», explica.

De aquel día no faltan los testimonios, ni los vídeos, en los que se puede ver a oficiales de policía disparar a hombres desarmados y prender fuego a tiendas, pancartas y cuerpos. «Es una de las masacres contra manifestantes mejor documentadas de la historia: tenemos testimonios de las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, los vecinos e incluso, 'off de record', declaraciones de altos cargos de las fuerzas de seguridad que admiten la fuerza desproporcionada , que de hecho "creían que se producirían incuso más muertes"», señala a este diario el coordinador para el Norte de África de HRW, Ahmed Benchemsi. Pese a toda esta evidencia, ningún oficial de policía ha sido investigado o juzgado.

Sin embargo, el Gobierno sigue denegando cualquier responsabilidad en la masacre, justificando la actuación de las fuerzas de seguridad y calificando de «normales en la dispersión de una protesta» el número de muertes. Alimentada por los medios de comunicación locales afines al Gobierno encabezado por Abdelfatah Al Sisi tras la asonada militar, la narrativa oficial ha preferido señalar a las víctimas y manifestantes como «terroristas», mientras que la polarización del país en «si criticas al Gobierno eres uno de ellos» dificulta la solidaridad pública con los muertos de Rabaa.

Ante las peticiones de decenas de organizaciones internacionales, el gubernamental Consejo Nacional para los Derechos Humanos condujo una investigación en 2015 sobre los sucesos en Rabaa, que concluyó resaltando la idea, sostenida por el Gobierno, de multitud de los manifestantes estaban armados. AI lo niega: «Aunque había personas que llevaban armas ligeras en la plaza (se requisaron apenas una veintena de pistolas tras la evacuación), la mayoría estaban desarmados. Las cifras lo demuestran, no hay proporcionalidad, unos 1.000 manifestantes muertos frente a 40 policías». HRW también critica los resultados del informe, que según Benchemsi se basó enteramente en testimonios de vecinos del área y no contó con las víctimas.

Hoy día, la plaza ni siquera se llama Rabaa. En 2015 fue renombrada «plaza Hisham Barakat», en conmemoración del fiscal general que fue asesinado en junio ese mismo año un grupo terrorista.

«Quieren borrar la memoria colectiva de que esto fue una masacre, no hay rendición de cuentas ni admisión de responsabilidad, y el Gobierno se refusa a admitir que se actuó desproporcionadamente», dice a ABC el investigador de Amnistía Internacional para Egipto, Ahmed Mohamed.

«Este fracaso de presentar a alguien ante la justicia por la dispersión de las sentadas de Rabaa y Nahda se han convertido en un hecho definitorio que ha abierto la puerta a otras violaciones de los derechos humanos en Egipto, ya que las fuerzas de seguridad saben que no rendirán cuentas ante la justicia : desapariciones forzadas , asesinatos extrajudiciales, persecución a las ONG y organizaciones de sociedad civil» asevera Mohamed. Además de la sistemática represión violenta de posteriores protestas contra el Gobierno de Abdelfatah Al Sisi y la detención generalizada de miles de egipcios, se estima que desde 2015 al menos 1.700 personas son «desaparecidos forzosos» , mientras aumentan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones locales. «Todo esto es un legado de Rabaa», sostiene AI.

Frente a la impasibilidad del Gobierno ante los abusos de las fuerzas de seguridad, más de 700 personas se enfrentan en un juicio colectivo masivo: el periodista Mahmoud Abou Zeid, más conocido como Shawkan , fue arrestado ese mismo 14 de agosto y desde entonces -junto a otros manifestantes y periodistas- permanece en detención preventiva a la espera de un juicio que ha sido retrasado por enésima vez .