EE.UU. sanciona a un subdirector de contrainteligencia de Venezuela y a otros tres militares

Los cuatro militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU

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El Gobierno de Estados Unidos sancionó hoy a cuatro jefes militares de Venezuela, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, actual subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que al parecer fue designado esta semana como nuevo director de ese órgano.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó de que los otros tres militares castigados son los coroneles Rafael Antonio Franco, exdirector de Investigaciones del Dgcim, y Hannover Guerrero, actual director de ese departamento, y el mayor Alexander Granko, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del mismo cuerpo.

«La DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir a los disidentes», señaló el Gobierno estadounidense.

De este modo, los cuatro militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU.

Blanco Marrero, hasta ahora subdirector de la DGCIM, supuestamente fue ascendido esta semana a director del organismo para sustituir a Iván Hernández Dala, según informaciones locales, aunque EE.UU. aún se refiere a él como jefe adjunto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró que EE.UU. «continuará responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso por el régimen anterior de (Nicolás) Maduro de la intimidación y la represión para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas».

En este sentido, Mnuchin señaló que su Gobierno «utilizará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano».

Por su parte, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, acusó a los funcionarios venezolanos de «reprimir y torturar a ciudadanos inocentes».

Como resultado de las sanciones quedan congelados todos los bienes que estas personas pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar transacciones financieras con ellas a ciudadanos y entidades de EEUU.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense destacó que las sanciones «no son permanentes» y que «están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento» de los militares castigados.

Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.