EE.UU. reaviva la caza de ‘El Pollo’ Carvajal tras su reaparición en Twitter y ofrece diez millones de dólares

Carvajal, conocido como El Pollo , desapareció cuando la Audiencia Nacional acordó extraditarle a la Justicia estadounidense, que le acusa de narcotráfico en colaboración con organización terrorista. Era noviembre de 2019 y nunca más se supo hasta que este lunes su cuenta de Twitter, tanto tiempo sin actividad, difundió un comunicado denunciando «graves irregularidades» de la Justicia española en su caso. Decía que se había plegado a las presiones estadounidenses, pues primero negó la extradición y después rectificó su postura, empujándole a lo que denomina «la clandestinidad».

El comunicado de Estados Unidos tiene así lugar 48 horas después y es taxativo: «El Departamento ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relacionada con Hugo Carvajal Barrios. Mientras ocupó posiciones clave en el régimen de Maduro, este individuo violó la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela».

La nota recuerda que el dinero se ofrece bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), por el que ya se han pagado más de 130 millones de dólares en gratificaciones por información que conduzca a detenciones de investigados por narcotráfico, como los 75 grandes traficantes que, asegura, han sido llevados ante la Justicia desde que el programa comenzó a funcionar en 1986 poniendo precio.

«El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de la gente y que no traicione la confianza de la gente al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes. Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente», añade la Embajada.

Del otro lado, la familia de Hugo Carvajal, que habla de una persecución «más propia del lejano Oeste» y de vulneración de derechos, sobre todo la presunción de inocencia. «La respuesta de la Embajada no viene sino a demostrar las vulneraciones padecidas y denunciadas por Carvajal. Resulta absolutamente desproporcionado, que ante una manifestación de injerencia del poder ejecutivo norteamericano sobre el judicial español, la respuesta inmediata no haya sido el silencio o el desmentido, sino un ofrecimiento de recompensa por su captura», señala en declaraciones a ABC la esposa del exdirigente chavista, Angélica Flores .

En su opinión, este movimiento de Estados Unidos supone «una intromisión en la soberanía de España» y «un menosprecio de todas las instituciones» porque la decisión de extraditarle está recurrida al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto. Formalmente, Carvajal se encuentra en busca y captura por la Audiencia Nacional, que no llegó a comunicarle la decisión de entregarle a Estados Unidos porque para entonces, ya se había esfumado.

La historia, digna de novela, empieza con el general chavista bajando de un avión en Barajas. Su familia ya se había instalado en España como avanzadilla pero quien le esperaba al pie de la escalerilla era un agente del Centro Nacional de Inteligencia. Mucho se ha especulado sobre la protección que podría estar o no recibiendo del Ejecutivo español por la puerta de atrás y a cambio de información. En su comunicado del lunes, el propio Carvajal salía al paso de los «rumores» asegurando que se trataba de un conocido al que anunció su llegada y que le recibió por iniciativa personal y «sin privilegios». Negaba así, taxativamente, estar bajo protección alguna de España y de hecho, cargaba las tintas precisamente por la ausencia de amparo.

Carvajal estuvo en libertad hasta que se tramitó la orden de extradición estadounidense y fue detenido y enviado a prisión provisional. Al cabo de cinco meses, durante los que, por cierto, entabló contacto con el comisario jubilado José Manuel Villarejo , salió de nuevo libre bajo obligación de comparecer en sede judicial cada quince días y entregar su pasaporte.

En un primer momento, al Audiencia Nacional negó la entrega en una resolución que denostaba los cargos de narcotráfico y apuntaba a una persecución política, generando un profundo malestar en la diplomacia estadounidense. Tras un recurso de Antidroga, el Pleno de la Sala de lo Penal revocó aquella decisión. Habría entrega. Era 8 de noviembre y la decisión no estaba escrita pero fue filtrada en prensa. El día 9, los abogados del general dijeron que seguía a disposición de la Justicia. El día 11, él mismo tuiteó que eran «rumores», nada se le había notificado. Fuentes consultadas por este diario apuntan que aquel día ya tenía las maletas hechas y tras una reunión con sus más allegados decidió partir. Bajo el abrigo de quién, es aún un misterio. Diez millones ofrece EE.UU. a quien delate su paradero.