EE.UU. ofrece una amnistía a altos mandos si rompen con Maduro

Guaidó, insistente, ha puenteado a la familia militar con la creación de la Ley de Amnistía a la que se pueden acoger los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela. Tras las bambalinas, Estados Unidos seduce a los militares con sustanciosas ofertas. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, ofreció levantar las sancione s contra los jefes militares que decidan unirse a Guaidó. «Escúchalo bien, Bolton: ¡Leales siempre, traidores nunca!», reprochó Maduro en un mítin. El senador Marco Rubio también reiteró la propuesta y confirmó que si alguno de los seis líderes militares principales desertaba (se refería a Vladimir Padrino, Remigio Ceballos, Jesús Suárez Chourio, Giuseppe Alessandrello, Edgar Cruz y Antonio Benavidez, quienes a su juicio tienen la democracia del país en sus manos), EE.UU. garantizará su inmunidad .

Los rumores de conspiración dentro de la Fuerza Armada van y vienen. Sin embargo, Nicolás Maduro ha tratado de reforzar su relación con el cuerpo a punta de privilegios económicos y poder. Los militares en Venezuela controlan las principales fuentes económicas del país: el petróleo, la minería y la energía, además de los puertos, el transporte, las telecomunicaciones y las empresas de distribución de alimentos, dicho control hizo proliferar la corrupción de los altos oficiales venezolanos.

El Alto Mando Militar –creado a semejanza del cubano– lo conforman nueve personas, incluyendo al presidente que ostenta el cargo de Comandante en Jefe. El mayor general Vladimir Padrino es el oficial con mayor rango dentro de la FANB y lleva la cartera de Defensa, que le concede poderes cuasi absolutos. En tercer nivel, está el almirante en jefe, Remigio Ceballos , comandante del Centro Estratégico Operacional (Ceofanb), donde opera el servicio de inteligencia cubano quien investiga y castiga a todo aquel que haya expresado su descontento. Seguidamente, El Jefe de Estado Mayor, José Ornella , el principal asesor militar del presidente, y los cinco comandantes de los diferentes componentes la armada, la aviación, el ejército, la Guardia Nacional y la milicia.

Al menos 180 funcionarios de los distintos componentes están tras las rejas . Las ONGs Human Right Watch y el Foro Penal han documentado casi tres docenas de casos de torturas en respuesta del Gobierno a sospechosos de intentonas golpistas. El aparato represivo del régimen –controlado por el G2 cubano– hasta el año pasado recaía en el Sebin, pero las desavenencias terminaron con el relevo de Gustavo Gonlález López por el general Cristopher Figuera. Ahora, los tratos crueles tienen lugar en el sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en manos de Iván Hernández Dala.

El viernes pasado, el Tesoro de EE.UU. sancionó con la congelación de fondos a Figuera, Hernández Dala y otros cargos cruciales para la supervivencia del régimen como Hildemaro Rodríguez (Sebin), Manuel Quevedo (ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa) y Rafael Bastardo (director de las Fuerzas de Acciones Especiales).

La mayoría de estos militares que ejercen puestos de poder están acusados en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad , bien sea por reprimir las protestas desde el año 2014, por matar sin escrúpulos en operaciones represivas en zonas populares o por torturar física y mentalmente a sus detenidos. Estas acusaciones, más los beneficios económicos que perciben de Maduro, hace muy difícil que apoyen a Guaidó, quien no les puede garantizar amnistía, como dice la Constitución chavista de 1999.