La Armada de EE.UU. se moviliza frente a Venezuela para cortar los envíos de droga

Esta movilización obedece a una operación antidroga en el resto de América, y en ella participan la Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera, que colaborarán con los ejércitos de otros 22 países aliados en el continente. El anuncio de esta movilización fue extraordinario , porque a Trump le acompañaron en la Casa Blanca el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley; el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday; el comandante de la Guarda Costera, almirante Karl Schultz, y varios ministros. Más cuando el país está en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ya cuenta 200.000 contagiados y 4.600 fallecidos.

Esta operación comenzó el mismo miércoles , ya hay buques frente a las costas de Venezuela, además de otros puntos del Atlántico y el Pacífico, y no tiene fecha de fin. Según dijo ayer el propio presidente, en ella participan destructores, buques de combate litoral, cazas, helicópteros y aviones de vigilancia.

Con las nuevas movilizaciones anunciadas ayer, se ha doblado la presencia de la Armada en el Caribe para operaciones de lucha antidroga. Según dijo el general Milley, «hace tiempo que recibimos información de inteligencia de que los cárteles de la droga iban a aprovechar la crisis del Covid-19 para intentar introducir más droga en nuestro país ».

El jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que esta operación está diseñada para contener las actividades ilegítimas de Maduro. «El régimen de Maduro depende de los ingresos de la venta de drogas para mantener su represión desde el poder», dijo el secretario de Defensa. «La ciudadanía de Venezuela sufre terriblemente por las prácticas represivas de Maduro», añadió.

La semana pasada el ministerio fiscal norteamericano presentó cargos por narcotráfico contra Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ‹número dos› Diosdado Cabello.

Según la fiscalía, esa trama permite operar a lo que el gobierno estadounidense denomina Cártel de los Soles , un grupo conformado primero por miembros corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las últimas décadas por elementos del gobierno bolivariano para el tráfico de drogas. Se le llama así por las insignias en forma de sol que llevan en la solapa los altos mandos militares de Venezuela. Desde 1999 ese cártel ha inyectado en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año, según los fiscales.

El fiscal general (ministro de Justicia) William Barr relacionó la actividad del régimen de Maduro con los cárteles mexicanos . Según las estimaciones del gobierno de EE.UU. la cocaína y otras sustancias introducidas ilegalmente en el país provocan unas 70.000 muertes anuales por sobredosis. Según Barr, el régimen de Maduro busca rutas alternativas a la del Caribe para llevar la droga a EE.UU. Una de ellas es a través de Centroamérica, por lo que el Pentágono ha movilizado también a la fuerza aérea.

El cálculo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es que estas medidas «le privarán al régimen de Maduro los fondos ilícitos con los que financia su represión», según dijo ayer su director, el embajador Robert O’Brien. Su predecesor en el cargo, el despedido John Bolton, fue un gran defensor de la movilización de las fuerzas armadas para destituir a Maduro. Fue él quien advirtió en repetidas ocasiones que « todas las opciones están sobre la mesa » contra el régimen.

Ayer añadió O’Brien que «Maduro, los narcos y los terroristas deben tener claro que a pesar de que estamos luchando contra la pandemia del coronavirus, cumpliremos las directrices del presidente en la lucha contra el narcotráfico».

El anuncio llega un día después de que la diplomacia norteamericana propusiera un plan de transición a la democracia en el que podría participar el grueso del régimen venezolano pero sin Maduro. Según ese plan, Juan Guaidó renunciaría a ser presidente de transición hasta que haya elecciones libres en un plazo de seis a 12 meses.

El régimen rechazó inmediatamente el plan por medio de su canciller, Jorge Arreaza, quien dijo en una entrevista radiofónica que en todo caso « las decisiones sobre Venezuela se toman en Venezuela ».