EE.UU. combate la ventaja salarial de México en el nuevo tratado comercial

Desde un principio Trump atribuyó a la ventaja salarial del país vecino la deslocalización de empleos estadounidenses, y ya en el texto del acuerdo de revisión del tratado, firmado en noviembre de 2018, logró introducir algunos cambios. En la misma dirección ha empujado ahora el Partido Demócrata, siguiendo los intereses de los sindicatos estadounidenses, de forma que para asegurar el apoyo bipartidista al tratado en el Congreso de Washington, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó esta semana mayores concesiones, llegándose así a un texto definitivo.

Con ello, este tiene ya vía libre para ser ratificado en la colina del Capitolio los próximos días. México aprobará sin problemas la nueva redacción (era el único país en haber votado el acuerdo cerrado hace un año), y se espera que el Parlamento canadiense dé el visto en cuestión de semanas.

Una de las grandes anomalías del tratado vigente es que desde su entrada en funcionamiento en 1994 ha ayudado claramente a elevar la situación económica y el nivel de vida de México, el socio más pobre de los tres, pero en cambio no ha supuesto un incremento paralelo de los salarios mexicanos. Trump atribuye en parte a esa razón el elevado déficit comercial que EE.UU. mantiene con México (81.000 millones de dólares en 2018).

Incluso con el aumento del salario mínimo decretado por López Obrador, aplicado el 1 de enero de 2019, el salario mínimo mexicano sigue a la cola en Latinoamérica, solo superando el de los países más pobres: Haití, Nicaragua, Cuba y la hundida Venezuela.

En lo que era el mayor incremento en 25 años, el salario mínimo pasó el 1 de enero de 88 a 102 pesos diarios (de 4,5 a 5,2 dólares). Esto situaba el sueldo mensual en 162 dólares , muy por debajo de países con economías de cierto tamaño como Chile (376), Argentina (282), Perú (272), Colombia (242) y Brasil (241), pero también de países con un PIB muchísimo más bajo, como Honduras (379) o República Dominicana (202).

Pensando en las exigencias de Trump, en esa subida salarial López Obrador estipuló que los trabajadores de la franja fronteriza con EE.UU. (en los 43 municipios que están a una distancia máxima de 25 kilómetros de la frontera, que es donde operan muchas de las empresas de maquila transfronterizas), el salario mínimo alcanzara los 177 pesos al día (9 dólares). El gobierno mexicano se ha comprometido además a subir el salario mínimo al menos un 2% por encima de la inflación cada año.

El incremento sigue a distancia de la cifra vigente en EE.UU. (7,25 dólares a la hora), pero avanza en un objetivo nada fácil marcado ya en el texto inicial del acuerdo: el 30% del trabajo invertido en la industria del automóvil instalada en México –el sector de mayor conexión con la economía estadounidense, además del agrícola– debe recibir salarios de 16 dólares por hora, y deberá ser del 40% (del 45% en el caso de camiones ligeros) para 2023.

Los sindicatos estadounidenses habían presionado para que EE.UU. pudiera inspeccionar directamente posibles denuncias de falta de cumplimiento de esos compromisos por parte de México, algo que este país consideraba una injerencia en su soberanía . Finalmente, tal como finalmente se ha recogido en las últimas adiciones al texto del tratado, en caso de que las autoridades mexicanas no resuelvan el pleito en 85 días, un panel de tres expertos decidirá sobre el asunto: cada país escogerá un experto de una lista propuesta por el otro país; un tercer miembro será elegido por ambos. Los expertos podrán visitar lugares de trabajo para investigar el caso.

La implementación de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno mexicano, así como el cumplimiento de las disposiciones del Tratado, será seguido de cerca por un «agregado laboral» dependiente del servicio diplomático de EE.UU. en México. También habrá un «agregado medioambiental» que vele por ciertas exigencias que debe cumplir la industria mexicana, para equipararse con los estándares del otro lado de la frontera en cuestiones ecológicas.

Para hacer frente a nuevas demandas de EE.UU., la reforma laboral presentada previamente por López Obrador contempla un desembolso de 900 millones de dólares en cuatro años, destinado sobre todo a mejorar el proceso de resolución de disputas entre trabajadores y empleadores, con la puesta en marcha, entre otras iniciativas, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. México se compromete a acelerar las tramitaciones, dándose un máximo de 45 días para resolver esas disputas.

Otro compromiso es democratizar más la vida sindical, intentando alejarla de ciertas prácticas corruptas. Se anuncia una mayor trasparencia en la negociación de los contratos colectivos , así como la elección de los líderes sindicales a través del voto directo de los trabajadores. Washington espera que al limitar la corrupción sindical mexicana, la atención de los intereses reales de los trabajadores lleve a un incremento salarial.

El incremento de los sueldos de la clase trabajadora también es algo que ha interesado a López Obrador, de ahí su disposición a estas cesiones de última hora, si bien ha debido mantener un equilibrio con las exigencias empresariales, consciente de que un encarecimiento de la mano de obra puede perjudicar una economía que en estos momentos se encuentra en recesión.

Los cambios de última hora limitan los intereses de las grandes farmacéuticas, por presión de la izquierda estadounidense. Así, se ha eliminado la provisión que garantizaba diez años de protección de patentes de medicamentos biológicos, durante los cuales no podían comercializarse genéricos con similares características . También se ha eliminado la prórroga de tres años que se establecía para esos medicamentos si se descubrían nuevos usos. Se trata de algo novedoso en un tratado comercial, que supone un precedente que probablemente marcará acuerdos futuros o una revisión de los que se encuentran en vigor.

El redactado final, por otra parte, ha mantenido el 75% el nivel de componentes que deben ser hechos en cualquiera de los tres países para que un automóvil sea considerado fabricado en el área del TMEC, evitando así aranceles. En el tratado vigente el listón estaba en el 62,5%.