EE.UU. acusa a Huawei de colaborar con la represión en China

Más concreto fue el Gobierno de Trump, cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, emitió un durísimo comunicado acusando a Huawei de colaborar con el régimen en la represión de disidentes y uigures en Xinjiang. Pero tampoco aportó pruebas. Tras denunciar que «los abusos de derechos humanos del Partido Comunista chino se sitúan entre los peores del mundo», Pompeo anunció «restricciones de visados para ciertos empleados de empresas tecnológicas chinas que suministren material a regímenes implicados en dichos abusos globalmente». Solo citó a Huawei, que definió como «un brazo del estado de vigilancia del Partido Comunista chino que censura a los políticos disidentes y permite los campos masivos de internamiento en Xinjiang y que el trabajo no remunerado de su población se envíe a todo el país». Además, lanzó un aviso a las compañías de telecomunicaciones: «Si hacen negocios con Huawei, hacen negocios con abusadores de los derechos humanos».

La Casa Blanca intensifica así su campaña contra este gigante de las telecomunicaciones, al que ya ha conseguido retirar del 5G en el Reino Unido y otros países por sus sospechas de que está al servicio del régimen chino, que la empresa niega categóricamente.

Agitada por el impacto del coronavirus, se ha exacerbado la «Nueva Guerra Fría» que enfrenta a Washington y Pekín. A sus disputas comerciales y tecnológicas se suman las reclamaciones territoriales de Pekín en el Mar del Sur de China, que la Casa Blanca considera «ilegales», y Hong Kong.

Aprobada unánimemente por el Congreso, y firmada por Trump el martes, el Acta sobre la Autonomía de Hong Kong acaba con el estatus diferenciado que EE.UU. otorgaba a este antiguo enclave británico y lo equipara a China. «Sin privilegios, sin tratamiento económico especial y sin exportación de tecnologías sensibles», anunció Trump, quien destacó que dicha Acta le dota de «nuevas y poderosas herramientas para responsabilizar a los individuos y entidades implicados en la extinción de las libertades de Hong Kong».

Así se refiere a la Ley de Seguridad Nacional que Pekín le ha impuesto a la ciudad sin pasar por su Parlamento autónomo y sin publicar su contenido hasta su promulgación. Con dicha legislación, que pena hasta con cadena perpetua la secesión, la subversión, el terrorismo y las injerencias extranjeras, China pretende aplastar la violenta revuelta que lleva un año reclamando democracia. Debido a la imprecisión y amplitud de sus artículos, criticadas por la propia ONU, EE.UU. y otros países temen que reprimirá las libertades que tenía Hong Kong, mayores hasta ahora que en el resto de China. Además, acusan a Pekín de violar el acuerdo de devolución suscrito con el Reino Unido, que prometía que los principios de «Un país, dos sistemas» y «Alto grado de autonomía» estarían vigentes hasta 2047.

Gracias a dicho estatus especial, Hong Kong ha podido seguir siendo una de las capitales financieras y comerciales del mundo. A partir de ahora, sufrirá las mismas restricciones y aranceles que EE.UU. impone a China. Aunque se trata de un castigo al régimen del Partido Comunista porque por esta ciudad entra el 70 por ciento de la inversión extranjera en China, también dañará la economía y la vida de Hong Kong.

Para empezar, los pasaportes hongkoneses perderán su trato preferencial a la hora de viajar a EE.UU. y Washington cancelará el tratado de extradición que ambas partes tenían. Acabará la cooperación cultural y científica, como las becas Fulbright, y Hong Kong se quedará más aislado y se parecerá un poco más a China.