Por qué la reforma de la justicia de Draghi relanzará Italia

La reforma de la justicia, un poder de exasperante lentitud, muy politizado y en general desprestigiado, fue impuesta por la Unión Europea a Italia como condición sine qua non para recibir más de 200.000 millones en préstamos y subvenciones del Fondo de recuperación. Por su lentitud, el sistema judicial de Italia está a la cola de Europa.

Según la Comisión Europea, un juicio de derecho civil tarda, de promedio, más de 500 días en resolverse en primera instancia, frente a unos 200 días en Alemania, 300 en España o 450 en Grecia. Los recursos de apelación en segundo grado se retrasan, de media, 851 días (la media europea es de 155). Para obtener una sentencia definitiva después de los tres grados de juicio son necesarios siete años y tres meses (2.645 días) en un caso civil, el doble que en Francia. Así, aumenta la montaña de expedientes atrasados: en el año 2020 crecieron un 3 por ciento respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 1.600.000. Italia ha sido incluso condenada más que ningún otro país europeo, más de 1.200 veces por el Tribunal de Justicia de la UE por «juicios cuya duración está fuera de lo razonable».

Las consecuencias de la mala administración de justicia son desastrosas: crece la corrupción, se retrasa o eterniza la adjudicación de los contratos y la ejecución de las obras públicas, las inversiones extranjeras se alejan de Italia y la confianza de los ciudadanos en la ley y en el Estado de derecho se ha reducido al mínimo. La desconfianza es grande no solo por lo que se refiere a la justicia civil y penal, con la desesperante duración de la prisión preventiva, que muchas veces termina con la absolución, sino también por el permanente conflicto entre el poder judicial y la política, con la deslegitimación recíproca que esto conlleva.

Italia arrastra desde hace décadas la necesidad de reformas. Dos son prioritarias: la burocracia y, muy en particular, la justicia. El peso de la magistratura, que tiene primacía sobre la política, ha marcado a Italia en las últimas décadas. Esto se hizo particularmente evidente a partir de 1992, cuando se inició la operación «manos limpias» contra la corrupción política, que acabó con el viejo sistema de partidos donde predominaba la Democracia Cristiana. En esa operación hubo un magistrado estrella, Antonio Di Pietro, que luego se convirtió en figura política. Por la justicia han caído gobiernos (Romano Prodi, dos veces Silvio Berlusconi) y muchos políticos se han visto ‘tocados’ por intervención de la magistratura. A diferencia de lo que ocurre en España y en otros países, en Italia la Fiscalía es independiente del poder político y no hay separación de carreras entre jueces y fiscales.

Con su excesivo poder, la intervención de la magistratura en la política ha sido continua. Sus roces son permanentes, pero se han impuesto siempre los magistrados, lo que ha sido el nudo permanente del conflicto, explica el historiador y politólogo Ernesto Galli della Loggia: «Los magistrados tienen la potestad de acusar a tal o cual político por una de las miles de posibles infracciones a la infinidad de leyes que existen en nuestro país. Y de esta manera destruir (en el mejor de los casos interrumpir) su carrera, mientras que los políticos obviamente no gozan de un poder similar». Una de las claves de esa supremacía de los magistrados sobre los políticos está en el desmedido poder del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Luca Palamara, expresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que fue miembro del CSM, ha revelado las feroces luchas internas entre las corrientes de magistrados, el reparto sin escrúpulos de los cargos a partir de las simpatías políticas, la búsqueda desaforada de privilegios (desde el puesto en el estadio a vacaciones en hotel de lujo) y una habitual colusión con todos los poderes de la República.

Esa realidad de enfrentamientos la pone de relieve Luca Palamara en un libro-entrevista con el periodista Alessandro Sallusti, director de ‘Libero’, un volumen que se convirtió de inmediato en un bestseller. ‘El sistema. Poder, política, negocios: Historia secreta de la magistratura italiana’. Palamara ha sido expulsado de la magistratura y ahora aspira a ser diputado, cosa que no ha extrañado a nadie: «Muchos magistrados hacen política desde la mañana hasta la noche», ha dicho Guido Grossetto, de Fratelli d’Italia.

Al considerarse intocables los magistrados, se explica la dificultad para reformar en profundidad la justicia. Solo un liderazgo como el de Draghi, podía ser capaz de enfrentarse con éxito a esa reforma. Cada día que pasa, el primer ministro italiano se confirma como el más refinado de los políticos, mediando para sacar a Italia de la crisis, un país prácticamente sin crecimiento en las dos últimas décadas. «Draghi aborda los problemas uno por uno, pero con rapidez. Se mueve a buen ritmo, consultando, pero sin ser bloqueado por conflictos entre fuerzas políticas, ni por negociaciones demasiado largas», afirma Sabino Cassese, profesor de Derecho y juez emérito del Tribunal Constitucional. Los italianos aprecian la determinación de Draghi para modernizar el país, hasta el punto de llegar al 77 por ciento de consenso en los sondeos, un récord. El método de Draghi –estudiar un problema a fondo con la mirada puesta en el interés general– se ha visto en la reforma de la justicia. Mario Draghi sabe mejor que nadie que esa reforma es imprescindible, no solo porque lo exige Bruselas, sino porque es también la condición para atraer las inversiones internacionales.

Para afrontar la reforma, colocó al frente del ministerio de Justicia a Marta Cartabia, de 58 años, prestigiosa jurista y primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional. Su nombre se barajó para ocupar la jefatura del gobierno e incluso la presidencia de la República. Ha seguido fielmente las indicaciones de Draghi: «El objetivo es garantizar un sistema judicial rápido que respete la duración razonable de un juicio», explicó Marta Cartabia, inspirándose en un lema de los Romanos: «La justicia que se demora en el tiempo termina siendo una denegación de la justicia». El ambicioso proyecto de Draghi y Cartabia ha sido reducir en una cuarta parte el tiempo que tardan en resolverse los casos penales y en un 40 por ciento los civiles.

Dos ejemplos ilustrativos

Para comprender la desconfianza del ciudadano y las presiones de Bruselas, basta con dos ejemplos, uno sobre un proceso civil y otro penal. En 1973, un grupo de terratenientes cerca de Venecia llevó al gobierno local a los tribunales por un muro construido en su propiedad. Casi cincuenta años después, el caso sigue sin resolverse y varios de los demandantes originales han fallecido.

Reciente es el escándalo que ha rodeado al político de centro izquierda Simone Uggetti, del Partido Democrático, exalcalde de Lodi, de la región de Lombardía, al norte de Italia. Uggetti fue arrestado y encarcelado en el año 2016 al ser acusado, por sus adversarios políticos, de no adjudicar correctamente contratos municipales, por valor de 5.000 euros, para gestionar dos piscinas públicas. Un tribunal lo condenó a 10 meses de cárcel en noviembre del 2018. La pesadilla para el exalcalde Uggeti concluyó en mayo, cuando el tribunal de apelación lo declaró inocente al considerar que «el hecho no subsiste» y, por tanto, nunca cometió delito. Tras un calvario familiar de cinco años (su mujer estaba embarazada de seis meses al ser arrestado) y muchas lágrimas, incluso ante el tribunal, con su carrera y reputación destruida, Uggetti atacó a la magistratura: «Me ha triturado el poder mediático-judicial del que he sido víctima durante más de 1800 días. Basta con la política del odio y las divisiones en la política».

Presunción de inocencia

No fue casual la alusión de Uggetti al odio y a la división de la política, que han creado un clima envenenado propicio para la venganza. Los partidos políticos se dividieron entre garantistas, a favor de la presunción de inocencia, sacrosanta ante un tribunal; frente a los justicialistas, propensos a una condena dura y rápida y si es posible más que proporcional respecto al delito cometido. En el justicialismo se distinguió sobre todo el Movimiento 5 Estrellas y fue su bandera electoral. En un video y un post, el cómico Beppe Grillo, fundador del Movimiento en el 2009, planteó en el 2014 realizar un «proceso mediático popular, con escupitajo digital, para políticos, empresarios y periodistas», dando entre otros nombres los de Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Mario Monti y el empresario Carlo De Benedetti.

Ese clima agresivo y populista permitió que se realizaran desmanes, como el que sufrió el citado exalcalde de Lodi, Simone Uggetti, con ataques por motivos electorales que lo condenaron antes de ser juzgado. Ahora, al ser absuelto y declarado inocente, el entonces líder político del M5E, Luigi Di Maio, actual ministro de Asuntos Exteriores, ha entonado el mea culpa con una carta al periódico ‘Il Foglio’, por haber «exacerbado el clima político», hasta el punto de considerar hoy «grotescos e impropios» los métodos para librar la batalla política.

No ha sido fácil para el gobierno de Draghi lograr la reforma de la justicia. «Todas las fuerzas políticas tienen convicciones arraigadas», reconoció Cartabia. «El temor de que no se pudiera llegar a un acuerdo fue superado gracias a la determinación del presidente de ir al fondo del problema», señaló la ministra.

El mayor debate se ha centrado en la prescripción, una cuestión considerada fundamental para el justicialismo del Movimiento 5 Estrellas. Su idea era que los procesos sobre la mayoría de los delitos no llegaran nunca a la prescripción. El M5E había logrado, con el gobierno de Giuseppe Conte, antecesor de Draghi, que se aprobara la llamada ‘Ley Bonafede’. Con esa reforma se eliminó la prescripción de los delitos después de las sentencias de primera instancia, tanto absolutorias como condenatorias, una medida con una gran carga ideológica, muy criticada por la mayoría de los partidos.

Con la reforma actual, se elimina prácticamente la Ley Bonafede y se reintroduce la prescripción, de tal forma que, una vez superado un plazo temporal, se impide seguir con un proceso contra un presunto delincuente y tenerlo casi de por vida sometido a la justicia. La magistrados antimafia pusieron el grito en el cielo, por estimar que así se permitiría poner en libertad a miles de mafiosos. Por eso, se han adoptado algunas excepciones para delitos graves como los relacionados con mafia, terrorismo, violencia sexual o narcotráfico.

Al margen de cuestiones técnicas, la reforma de la justicia produce un cambio sustancial en Italia: «A partir de ahora, la política toma las riendas y le dice al magistrado: tú haces el magistrado y las reformas las hago yo. Esto es un sano principio de la democracia y es lo que dice la Constitución. Con otro primer ministro ya habría intervenido cualquier fiscalía para impedir la reforma. La magistratura ha hecho caer tres o cuatro gobiernos. Con Draghi y la ministra Cartabia esto no es posible», declara Alessandro Sallusti, director de ‘Libero’. De Mario Draghi no se puede decir que sea de derecha, de izquierda o de centro. Se limita a buscar el interés del país y ese es el secreto del éxito del expresidente del Banco Central Europeo. Aunque hay sectores en la política, la magistratura y la prensa que no soportan precisamente su independencia. «Es un hijo de papá, que no sabe nada de salud, justicia y vacunas», dijo el director de ‘Il Fatto’, periódico afín al M5E.

Palabras cargadas de odio calificadas, en general, como vergonzosas, porque, entre otras cosas, Draghi se quedó huérfano siendo adolescente. Al mismo tiempo lanzó otra frase vulgar para despreciar a la ministra Cartabia: «Es una mentirosa, no es capaz de distinguir un tribunal de un secador de pelo».

Grillo vs. Conte

Ese periódico descarga diariamente su bilis contra Draghi porque aún no han superado el luto por la caída de Giuseppe Conte del gobierno. El exprimer ministro acaba de ser elegido presidente del M5E por una amplia mayoría de sus afiliados. El ‘abogado del pueblo’ –así se autodefine Conte– puso impedimentos a la reforma de Draghi, pero al final se ha apuntado al carro vencedor, como han hecho todos los partidos del gobierno: «No es nuestra reforma, pero la hemos mejorado», dijo Conte. Sus recelos contra Draghi y la reforma de la justicia los reflejó en una entrevista en ‘Il Fatto’: «Si los ciudadanos quieren que cambie la reforma de Cartabia –dijo–, solo tendrán que votarnos en masa: he hecho el compromiso solemne de que no permitiremos la impunidad». Es obvio que tampoco Draghi y Cartabia quieren la impunidad y con ese objetivo han hecho la reforma.