Manifestación en Seattle (EEUU) contra el veto de Trump a los musulmanes
Manifestación en Seattle (EEUU) contra el veto de Trump a los musulmanes - REUTERS

El discurso del odio provoca una «nueva era de activismo social», según Amnistía Internacional

Alzar la voz contra la violación de DD.HH. cada vez se ha vuelto más peligroso. En 2017, fueron asesinados 312 activistas y 262 periodistas fueron encarcelados

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En 2017 se han vivido las consecuencias terribles del discurso del miedo y del odio, «que ha pasado de la retórica a la realidad», y que han sido fomentados por los gobiernos perjudicando los derechos humanos. Este es el principal mensaje del último Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, realizado por Aministía Internacional y que acaba de ser presentado.

El informe, que analiza la situación en 159 países y que por primera vez ha sido presentado en Washington, la capital política de EE.UU., hace un especial hincapié en el papel que en este discurso del odio ha jugado su actual presidente, Donald Trump, que asumió el cargo el 20 de enero de 2017. «La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias», señaló Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Pero no ha sido EE.UU. el único país en fomentar el odio. «Es posible que las políticas de Donald Trump marcaran el principio de un nueva era de regresión en materia de derechos humanos, pero no fueron las únicas. Desde Australia hasta Hungría se puede observar que quienes ejercen el liderazgo llevan mucho tiempo tratando a las personas refugiadas como problemas que hay que apartar, no como seres humanos con derechos, que merecen nuestra compasión», indicó Salil Shetty.

En el último año hemos asistido al recorte de derechos en países como Francia, donde las medidas antiterroristas «han restringido los derechos de los ciudadanos»; o Rusia, donde han sido despenalizados delitos de violencia contra la mujer; o también otro ejemplo de retroceso es Polonía, cuyo gobierno ha restringido la defensa de los derechos humanos a través del control de su sistema judicial.

Resurgimiento de los movimientos de protesta

El segundo mensaje del informe es más positivo: la reacción a ese discurso del odio ha sido el «resurgimiento de los movimientos de protesta. La gente corriente clama justicia», indicó, en la presentación española del informe, la presidenta de AI, Arancha Vicario. «Se está produciendo una nueva era de activismo social».

Es la respuesta a la falta de compromiso de los gobiernos con la defensa de los derechos humanos. «Ahora se ciernen sobre los asuntos del mundo los fantasmas del odio y el miedo, y son pocos los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos en estos tiempos de inquietud. En cambio, vemos a líderes como Al Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump y Xi que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas», afirmó Salil Shetty desde Washington.

Un activismo que a su vez ha sido contestado con un incremento de la represión por parte de los gobiernos y grupos de poder, como expuso en Madrid la activista guatemalteca, Yolanda Oquelí, que se ha enfrentado a las multinacionales en su país para defender el medio ambiengte y la tierra, poniendo en riesgo su vida, por lo que actualmente vive asilada en España.

«Alzar la voz se ha vuelto peligroso», sentenció Shetty durante la presentación. Así lo atestiguan las cifras. El año pasado, 312 activistas fueron asesinados, frente a los 281 de 2016; mientras que en lo referente a la libertad de expresión, 262 periodistas resultaron encarcelados en 2017, principalmente en países como Turquía, China y Egipto. Si hablamos de periodistas asesinados, México lidera la lista con 11 profesionales muertos en el último año.

Libertad de expresión

La libertad de expresión es uno de las tres tendencias que ayer destacó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, para quien es el «campo de batalla decisivo para la defensa de los derechos humanos». Un campo minado por las restricciones a las organizaciones, por las «fake news» y por el encarcelamiento de periodistas. «Hablar claro se ha vuelto peligroso».

En el caso de las ONG, su labor se ha visto entorpecida por leyes que dificultan su financiación, como la ley aprobada por el gobierno de Viktor Orban en Hungría; o por las privaciones de libertad, como ha sufrido personal de la propia AI, como ha sido el caso de su presidente y su directora en Turquía.

También se refirió a la mayor censura que los gobiernos han ejercido a través del bloqueo de redes sociales y de páginas en internet, práctica habitual en China, gracias a la aprobación de una ley sobre ciberseguridad; o Tailandia.

Apocalipsis de la austeridad

La segunda tendencia la calificó Beltrán como «apocalipsis de la austeridad» que provoca un recorte en los derechos humanos, en el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Y citó el caso del Reino Unido, donde el año pasado «murieron 120.000 personas por los recortes en los servicios sociales».

«El futuro es desalentador», sentenció Beltrán ha afirmado. «Si prosiguen las políticas de austeridad, se prevé que (...) en los próximos tres años la austeridad golpeará a más de dos tercios de los países del mundo, y se producirá la pérdida de 2,4 millones de puestos de trabajo».

Durante la presentación también se denunció el estado de «Apartheid» que sufren los rohingya, que ha provocado la huida de 700.000 personas a Bangladesh; así como la «débil respuesta» a los crímenes de guerra y lesa humanidad que se sufren países como Siria, que está a punto de entrar en su octavo año de guerra; o Yemen, inmerso en otra guerra civil agravada por el bloqueo económico.

Frente a los peores ejemplos, también se expuso la existencia de «victorias importantes» logradas el año pasado, como el matrimonio igualitario logrado en Taiwán o el bloqueo por parte de la Justicia de órdenes ejecutivas «discriminatorias» firmadas por el presidente Trump en EE.UU.