Una diputada laborista mantendrá su sueldo durante los tres meses de prisión a los que fue condenada

Fiona Onasanya, que ocupó hace unos años el cargo de látigo (los que dictan el sentido del voto a los diputados) en el partido laborista, fue condenada este martes a tres meses de prisión tras haber sido declarada culpable por mentir a los agentes de policía para evitar una multa por exceso de velocidad.

Su partido y su líder, Jeremy Corbyn han instado a la diputada de Peterborough, que fue sorprendida por exceso de velocidad menos de dos meses después de haber sido elegida en 2017 a dimitir , pero esta ha indicado que seguirá prestando servicio desde la cárcel.

Su abogada la defendió ante el tribunal que la encontró culpable alegando que la diputada había decidido no dimitir porque su salario de 78.000 libras anuales , unos 84.000 euros, era «su única fuente de ingresos».

Esto significa que seguirá, por tanto, percibiendo un salario semanal de 1.480 libras y no perderá las cotizaciones de cara a su futura pensión, que ascienden a las 9.000 libras esterlinas anuales, mientras esté encarcelada.

También tendrá derecho a reclamar miles de libras en concepto de gastos, incluyendo su alquiler mensual de 625 libras, los salarios del personal y el funcionamiento de la oficina de su circunscripción.

Su hermano Festus, de 34 años, también fue condenado por conspirar con ella para pervertir el curso de la justicia y condenado a 10 meses de prisión.

La diputada ha decidido apelar su condena y, según la ley británica, los parlamentarios sólo pueden ser expulsados automáticamente si son encarcelados durante 12 meses o más, lo que significa que las autoridades no pueden intervenir.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow , sólo podrá iniciar una petición de destitución, lo que desencadenaría en unas elecciones en esa circunscripción, una vez que su proceso de apelación haya terminado y si se mantiene su condena.

Sin embargo, todavía podría llevar a cabo la campaña como candidata independiente.

Tras este caso diputados laboristas y conservadores han exigido una revisión urgente de las normas parlamentarias para garantizar que las futuras condenas conduzcan a la expulsión automática.