Las diez grandes trampas de las elecciones en Venezuela

El informe recuerda que, a solicitud de Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, un órgano creado por el mandatario a su medida) «decidió sancionar a los partidos que no participaron a la elección de alcaldes de diciembre de 2017». Para ello aprobó un decreto que obligaba a las formaciones sancionadas a «someterse a un nuevo proceso de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados», sin que tal sanción esté prevista en la legislación electoral vigente. Los partidos ilegalizados fueron Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). A ello se suma la inhabilitación como candidatos de buena parte de los líderes opositores.

Tras la elección parlamentaria de 2015, en la que la oposición logró el control de la Asamblea Nacional , el Consejo Electoral Nacional (CNE) «ha actuado con absoluta discrecionalidad beneficiando al partido gobernante y dificultando la participación de otros actores políticos», a la hora de escoger las fechas electorales y la publicación de los cronogramas. En el primer cronograma de estas elecciones -inicialmente convocadas para el 22 de abril- se suprimieron una serie de pasos como actividades relacionadas con el catastro, simulacro electoral, uso de tinta indeleble, observación nacional e internacional e, incluso, «las postulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia». Así mismo, se recortaron plazos para presentación de candidaturas, organización del Registro Electoral, campaña y ensamblaje de material. Aunque varios plazos se superponen, la suma de las disminuciones, comparado con la elección de 2012, alcanza los 295 días, asegura el informe. Al cambiarse la fecha al 20 de mayo, en el nuevo cronograma se redujeron las postulaciones y «16 actividades se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días », lo que implicó una reducción de 98 días respecto a los plazos de 2015.

Se dio a los postulados por iniciativa propia o grupo de electores seis días para consignar y validar firmas del 5% del Registro Electoral como requisito para inscribirse, porcentaje diez veces mayor al de anteriores procesos. El Observatorio se pregunta cómo los candidatos Javier Bertucci y Luis Alejandro Ratti pudieron recabar 987.046 manifestaciones de voluntad cada uno en cinco días y en 18 estados sin contar con las campañas informativas del Poder Electoral y por qué el CNE no ha publicado la verificación de estas firmas.

De acuerdo con el informe, se estipularon apenas 20 días para los operativos de actualización de inscripción de nuevos electores, un plazo que «resultó insuficiente para que se inscribieran los casi dos millones de jóvenes con edad para sufragar no inscritos, o para que actualizaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores residenciados en el exterior del país, emigrados recientemente».

Los obstáculos para inscribirse en el registro electoral «fue aún más dramático en el caso de los venezolanos residentes en el exterior», apunta el informe. Se calcula en más de cuatro millones los venezolanos de la diáspora.

Para la campaña, el CNE fijó un plazo de 26 días, 70 días menos que en 2012, cuando hubo 96. No obstante, el estudio indica que antes de convocarse las elecciones, «el gobierno ya estaba en campaña». El 26 de enero, señala, «Maduro promocionó el logo y tema oficial “Juntos podemos más”, además de ocupar importantes espacios en radio y televisión en los meses siguientes».

El partido chavista, el PSUV, «ha realizado de manera sistemática acciones de coacción e intimidación del voto a través del chequeo de votantes en listas 1x10 y anuncios del uso del Carnet de la Patria en las cercanías de centros de votación, para verificar quiénes han votado. El OEV indica que este carné «ya ha sido utilizado por el oficialismo en elecciones anteriores como un mecanismo para activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o con la promesa de obtener un beneficio».

El informe recoge la utilización con fines electorales de las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Recuerda que en la elección de gobernadores el coordinador nacional de los Clap conminó públicamente a los jefes de cuadras de los comités: «Ustedes saben cómo hacerlo: con lista en mano, cada beneficiario del Clap que venga a reafirmar su voto».

En cuanto a los medios, el informe apunta que «el desequilibrio informativo, la desinformación, la censura y la autocensura han marcado los asuntos electorales», como demostraron investigaciones del Instituto de Prensa y Sociedad (YPYS Venezuela) en colaboración con el Observatorio.

La necesaria confianza en el sistema automatizado de votación «sufrió un duro golpe con la denuncia hecha por la empresa Smartmatic, encargada desde 2004 y hasta ese momento de suministrar la plataforma para automatizar el sufragio en Venezuela». Recuerda el informe que esa empresa que «el CNE habría agregado al menos un millón de votos al total de participación registrado en la elección de la Asamblea Constituyente y que, por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados oficiales».