El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (dcha), escucha este martes al vicepresidente de EEUU
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (dcha), escucha este martes al vicepresidente de EEUU - EFE

Dieciséis Estados denuncian a Trump por declarar la emergencia nacional

El presidente critica a California, donde está el principal paso fronterizo con México, por «desperdiciar miles de millones en el tren de alta velocidad»

Corresponsal en Nueva YorkActualizado:

Donald Trump pronosticó con exactitud lo que ocurriría tras su declaración de emergencia nacional del pasado viernes, su última estrategia para encontrar la financiación del muro en la frontera con México que le niega el Congreso de EE.UU. «Nos demandarán y lo harán en el Noveno Circuito, aunque no deba hacerse ahí. Y tendremos una sentencia en contra, y después tendremos otra sentencia en contra y después acabaremos en el Tribunal Supremos y espero que ahí tengamos un trato justo y ganemos».

No es que el presidente de EE.UU. maneje una bola de cristal: era evidente que su decisión desataría una tormenta judicial sobre un abuso de poder de sus facultades ejecutivas que acabaría en el Supremo. Pero lo cierto es que en el primer paso de esta guerra de tribunales, Trump ha acertado de lleno: ya hay una demanda en su contra en el Noveno Circuito, en el juzgado federal de San Francisco, donde Trump ha sufrido varias derrotas judiciales en sus dos años en la Casa Blanca.

Quien está detrás de la demanda es una alianza de 16 Estados, que defienden que la decisión de Trump arrebata una potestad del Congreso establecida por la Constitución -la asignación del gasto federal- sin que esté justificado por una emergencia real. «En contra de la voluntad del Congreso, el presidente ha usado el pretexto de una “crisis” inventada de inmigración ilegal para declarar una emergencia nacional y desviar fondos federales destinados a la lucha contra la droga, construcción militar y persecución del delito para la construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México», reza la demanda.

La financiación de esta promesa electoral de Trump ha generado una crisis política en EE.UU. que se extiende desde diciembre. La negativa del presidente a firmar una ley de gasto del Congreso que no incluyera 5.700 millones de dólares para el muro provocó un cierre gubernamental de 35 días que dejó sin sueldo a 800.000 funcionarios.

Para evitar otro cierre, Trump aceptó los 1.375 millones de dólares que incluía el acuerdo de gasto entre demócratas y republicanos de la semana pasada y decidió completarlos con fondos apropiados gracias a la declaración de emergencia, para un total de cerca de 8.000 millones de dólares.

De la misma forma que Trump preveía la demanda, también tenía listo su contraataque en la opinión pública: «Como predije, 16 Estados, la mayoría liderados por demócratas que quieren fronteras abiertas y por la izquierda radical, han presentado una demanda, por supuesto, ¡en el Noveno Circuito!», tuiteó. Los Estados son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia. Todos tiene gobernador demócrata excepto Maryland, donde el fiscal general, que es quien se une a la demanda, es liberal.

Trump demostró especial inquina con California, cuyo gobernador, Gavin Newson, avisó desde el primer momento que plantaría cara al presidente en los tribunales y cuyo Estado tiene el paso fronterizo más importante con México, el de San Diego-Tijuana. «California, que ha tirado miles de millones en un tren de alta velocidad sin control, que no hay esperanzas de que se acabe, parece que la lidera», añadió sobre la demanda el presidente, que ha encontrado una nueva arma política en el tren y los proyectos que manejan los demócratas para expandir su infraestructura en el país.

«No necesitaba hacer esto»

Trump probablemente acierte en su pronóstico de que el juzgado de San Francisco le cueste una derrota judicial. Los demandantes aseguran que su declaración de emergencia es inconstitucional y exigen una medida preliminar que bloquee su puesta en marcha mientras el asunto se ventila en los tribunales. La decisión final del Supremo es una incógnita. La única vez que la instancia judicial más alta tumbó na declaración de emergencia nacional de un presidente fue en 1952, cuando Harry Truman la utilizó para intervenir fábricas siderúrgicas y evitar una huelga nacional del acero durante la Guerra de Corea. La diferencia ahora es que desde 1976 hay una Ley de Emergencias Nacionales que no establece qué condiciones se deben dar para que el presidente considere que existe una crisis para la que requiere fondos.

En su contra, Trump tiene sus propias palabras, una mención que se le escapó durante el anuncio de la declaración de emergencia y que denota que la urgencia no es tal: «No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo mucho más rápido».