Los desheredados del Brexit

Así se lo explicó a ABC Silvia González, española residente en Londres y miembro del equipo de « The 3 Million », organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido . «Pero al no tener la nacionalidad británica, este requisito tienen que cumplirlo igual que cualquier otra persona», continúa, por lo que «es un riesgo que no lleguen a hacer el papeleo y el día de mañana tengan problemas por ejemplo al acudir a un hospital, o con su pensión… En fin, que podrían verse en una situación de desamparo absoluto».

González y su marido, ambos voluntarios que ayudan a quienes necesitan asistencia para hacer el trámite, para el que hay de plazo hasta el 30 de junio de este año, han sido testigos de historias tremendas. Uno de los últimos casos complicados que han tenido es el de un señor español que «lleva toda la vida aquí» y que al llamarlo por teléfono para comentarle lo que tenía que hacer «se creía que estaba siendo víctima de alguna estafa» y «nos dijo que no pensaba hacer nada».

El mismo problema lo tuvo Angi M.B, que tras haber recibido ayuda de otra organización de atención a comunitarios consiguió hacer los trámites. Sin embargo, le rechazaron el settle status –que vendría a ser la residencia permanente– y solo le dieron la temporal, por lo que dentro de cinco años tendrá que hacer una nueva solicitud. «Cuando me llamaron, no entendía nada. Nunca pensé que eso que escuchaba en las noticias me afectara a mí y además sentí mucha desconfianza», explicó. «Nací en el Reino Unido hace 51 años, hija de emigrantes griegos. Pero no tengo la nacionalidad británica». «La ley de nacionalidad británica es una de las más complicadas del mundo», dicen en Gherson, un galardonado bufete de abogados con sede en Londres que se especializa en derecho migratorio, de nacionalidad, extradición y derechos humanos, según el cual «en algunos casos es necesario retroceder varias generaciones para identificar si una persona es ciudadana británica o si tiene derecho a solicitar la ciudadanía».

De ahí que se produzcan casos como el de Angi, que se casó y tuvo dos hijos con un italiano. Su marido falleció hace cinco años, y sus hijos tampoco tienen pasaporte británico. «A mí todo esto me tomó por sorpresa», dice angustiada. «Lo del Brexit nunca me interesó, este es mi país porque aquí nací, aquí he vivido toda mi vida, mis hijos son de aquí, y ahora hasta dentro de cinco años no sabré si podré quedarme o no». Le aterra pensar que entonces la obliguen, con casi 60 años, a irse a Grecia, un país que solo visitó pocas veces en su juventud y cuyo idioma ni siquiera habla.

Esperando la decisión del Gobierno está Carlota J., también viuda tras haber estado 36 años con un inglés, con el que sin embargo nunca se casó. «No tenía cómo demostrar que he vivido aquí más de media vida… Nunca nos casamos, nunca trabajé fuera de casa, no tenía ni un recibo a mi nombre, ni una cuenta en el banco…, nada», explica. Con la muerte de su pareja, quedó en un limbo. Y aunque ya hizo la solicitud, sufre con la incertidumbre. «Lo que más me preocupa es quedarme sin atención médica o que me saquen de mi propia casa».

Silvia González hace una analogía con lo sucedido a la generación Windrush, compuesta por inmigrantes de países caribeños que formaban parte de la Commonwealth que llegaron al Reino Unido entre 1940 y 1970 siendo niños y que durante el gobierno de Theresa May recibieron cartas donde se les identificaba como inmigrantes ilegales y les daban seis meses para abandonar el país. A raíz de esto, muchos perdieron sus trabajos, se les negó el acceso a la sanidad, se les congelaron las cuentas, fueron deportados o no pudieron regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.

«Es lo mismo que le pasaría a los europeos que no hayan hecho los papeles a tiempo después del Brexit –explica González–, se quedarían sin derecho a todo por no poder probar su situación legal».