La ONU denuncia que Maduro continúa con las torturas y persecución a la oposición en Venezuela

Bachelet se refirió a un estudio llevado a cabo entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril del 2022, en el que concluyó que se evidencian «ciertos avances» respecto de las recomendaciones presentadas en anteriores informes pero en el que también, sin embargo, vuelve a alertar sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Su oficina en Caracas documentó seis casos en los que los cuerpos de seguridad del Estado actuaron en barrios populares, provocando la muerte de varios vecinos. «En al menos tres de esos casos, el fallecido había presuntamente sufrido tortura o malos tratos antes de su muerte», advirtió.

También registró «la detención arbitraria de al menos 13 personas» durante operaciones policiales y recibió denuncias de detención en «régimen de incomunicación», dado que los familiares de los detenidos no recibieron información sobre su paradero durante hasta un mes. «En al menos tres de estos casos, los detenidos fueron presuntamente torturados o maltratados», afirmó.

Por otra parte, reconoció avances en la reducción de las demoras judiciales y del uso de la detención , aunque aclaró que aún «persisten los desafíos para garantizar el derecho de todas las personas acusadas a la libertad y a un juicio justo sin demoras indebidas». Además, señaló «35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo de seis mujeres », al tiempo que, al momento de redactar el informe, «al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente».

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió dictámenes en los que se constataba que « once personas detenidas se encontraban en detención arbitraria ». «Se observaron detenciones arbitrarias en el contexto de protestas pacíficas, aunque menos que en periodos de informes anteriores», precisó.

En materia de integridad física y mental de personas detenidas, el Ministerio Público «recibió 235 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20 relacionadas con personas que enfrentan cargos relacionados con el terrorismo».

Por su lado, Bachelet recibió de manera directa «denuncias de tortura o malos tratos relacionados con 14 personas privadas de libertad» y se lamentó de que «la falta de investigaciones adecuadas y de protección contra las represalias desalienta a las víctimas a denunciar».

Según el informe de Bachelet, se siguen observando en Venezuela «restricciones indebidas al espacio cívico y democrático , en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de comunicación y los sindicalistas, que afectan a su capacidad para llevar a cabo efectivamente su legítima labor».

En ese sentido, se documentaron «154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil». Además, al menos cinco miembros de la oposición política fueron detenidos, mientras que «dos dirigentes sindicales y un activista de derechos humanos» fueron privados de su libertad.

El informe será presentado el próximo 29 de junio ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.