La ONU denuncia los asesinatos y torturas impunes en Venezuela

«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia» aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein , en un comunicado. Así mismo, Al Hussein recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre Venezuela.

La Fiscalía de la CPI ya abrió el pasado febrero un «examen preliminar» sobre la situación en Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por la Policía en las protestas contra el régimen y los «graves abusos» cometidos sobre los detenidos.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó a finales del pasado mes de mayo que existen indicios suficientes para llevar al propio Maduro ante la Corte , con sede en La Haya, por crímenes de lesa humanidad.

El pronunciamiento ahora de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pone al día las violaciones de derechos humanos que ya había denunciado en un informe anterior sobre Venezuela en agosto de 2017.

Entonces se centró en el uso excesivo de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas, y en este caso documenta también testimonios «creíbles e impactantes» sobre ejecuciones extrajudiciales en el curso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) , presuntas actuaciones contra el crimen desde 2015.

El informe apunta que entre julio de 2015 y marzo de 2017, la Fiscalía General venezolana registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad, que según testimonios seguían un patrón: incursiones en barrios pobres para detener «criminales» sin orden judicial, muerte de jóvenes que correspondían a cierto perfil, en ocasiones en sus propios hogares, y manipulación del escenario de los hechos para simular que las muertes habían sido fruto de intercambios de disparos.

De acuerdo con el informe, las autoridades «no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad».

Tampoco pasa por alto los comicios presidenciales del 20 de mayo, en los que salió reelegido Nicolás Maduro y en los cuales, señala la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, «dos importantes partidos de oposición habían sido inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos de oposición, había sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia».

El alto comisionado para los derechos humanos insta al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a «tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro» de la situación de los derechos humanos, que califica de «sombría». «Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia», advirtió Zeid Ra’ad Al Hussein.

El Gobierno de Maduro rechazó anoche el informe por considerarlo «arbitrario» y emplear, a su juicio, una «metodología altamente cuestionable».