Declaran culpable del asesinato de Berta Cáceres al expresidente de la empresa hidroeléctrica DESA

La activista, fundadora del COPINH –Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras–, era la cabeza visible de un movimiento que se oponía a la construcción de una presa en el Río Gualcarque (al oeste de Honduras), un proyecto conocido como Agua Zarca. Según explicaba su hija Laura Zúñiga a ABC dos años atrás, su madre fue asesinada porque molestaba y sus palabras contradecían los intereses económicos de otros.

Castillo, también exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en la escuela militar estadounidense West Point, fue arrestado el 2 de marzo de 2018 y se ha convertido en el octavo sentenciado por el caso. A finales de ese año, siete hombres –desde militares hasta cargos públicos– fueron condenados a prisión como autores materiales del crimen «en un juicio plagado de irregularidades en el que, por ejemplo, la defensa de Berta y Gustavo Castro [único testigo del crimen, al que también intentaron asesinar] no tuvieron acceso al expediente completo ni a todas las pruebas del juicio», según denunciaban un año más tarde desde la ONG Amnistía Internacional (AI).

La sentencia ha concluido, finalmente, que Cáceres fue asesinada por encargo de DESA y que «Castillo tuvo participación en la causa como coautor del delito». Tal y como indica la agencia de noticias Europa Press, en la audiencia se reveló el contenido de las conversaciones telefónicas que mantuvieron Castillo y los otros siete sentenciados, en diciembre de 2019, a entre 30 y 50 años de cárcel por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015. Miembros del COPINH, que habían instalado un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para esperar el fallo, celebraron la decisión con petardos, cantos y bailes.