La cúpula de las FARC, acusada de crímenes de lesa humanidad

Son solo dos imágenes que retratan la degradación a la que llegó Colombia en su guerra y que la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha hecho visible nuevamente al imputar cargos de lesa humanidad a ocho miembros de la cúpula de la entonces guerrilla de las FARC, en el proceso de revisión de 9.000 hechos que adelanta la Sala de Reconocimiento de la JEP desde el 4 de julio de 2018. Se trata del Caso 001, referido a la «Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP». Este caso cubre el periodo 1993-2012 y tiene 2456 víctimas acreditadas.

Es un expediente de 322 páginas, enfocado primordialmente en las responsabilidades del Secretariado, la cúpula al mando de la guerrilla que se desmovilizó en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz. Así, la Sala de Reconocimiento acusa a Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko) y hoy líder del partido Comunes –tras el cambio de nombre anunciado esta semana–, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo) y Juan Hermilo Cabrera, quien murió en hace pocos días y era conocido como Bertulfo Álvarez.

Esta primera imputación, histórica en Colombia y el mundo, además de las implicaciones judiciales, conlleva un mensaje poderoso para los mandos medios y los rasos que tuvieron a cargo a los secuestrados o realizaron el secuestro de las 21.326 víctimas identificadas por la JEP : la responsabilidad no recaerá solo sobre ellos, sino también en la dirigencia de la exguerrilla, lo cual permitirá, como lo señaló en la rueda de prensa la magistrada y relatora de la Sala de Reconocimiento, Julieta Lemaitre Ripoll , que mandos y tropa digan toda la verdad y la JEP pase a definir las responsabilidades ya no solo de la dirigencia nacional, sino regional.

Todos los casos, eso sí, entendidos como parte de las prácticas y políticas «que dan lugar a patrones de criminalidad, que se repiten no de manera casual, sino que obedecen a políticas sistemáticas; son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad», como lo señaló con contundencia el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, conductas analizadas en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Si bien los acusados reconocen a la JEP y dicen someterse a ella, consideran que no se trata de aceptar crímenes a nombre propio sino en conjunto, como dirigencia colegiada pues «la idea de esta justicia (…) es atribuir las responsabilidades colectivas», como lo dijo a RCN Radio el congresista del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada , imputado por la JEP. Sin embargo, en este primer auto sí están diferenciados los miembros del Secretariado, como lo reiteró Lemaitre Ripoll.

Lo que sigue es la presentación, en los próximos 30 días, de la excomandancia de las FARC ante el Tribunal Superior, aceptar o no la imputación y, según el caso, recibir la sentencia del tribunal, que puede significar entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, sin cárcel, y las demás sanciones previstas por justicia transicional, incluido que los acusados salgan del Congreso (el Partido Comunes mantiene las 10 curules acordadas), o una sentencia de 20 años de prisión en caso de no reconocer la responsabilidad y pasar a la justicia ordinaria.