El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha acusado al Gobierno de Cuba de recrudecer las prohibiciones para entrar y salir de la isla con el objetivo de «controlar aún más» a la disidencia y ha constatado más de una veintena de casos de activistas ... y periodistas retenidos.
Las autoridades cubanas habrían impedido a varias personas tomar vuelos a otros países bajo la excusa de no «estar regulados», a pesar de que tenían en regla toda la documentación , según un comunicado difundido este martes por el OCDH, que ha denunciado una aplicación selectiva de la ley.
Entre los afectados figuran los periodistas Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango, Luz Escobar y Yunia Figueredo Cruz, la «dama de blanco» Leticia Ramos Herrería y los miembros de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) María Elena Mir Marrero, Enix Berrio Sarda, Boris González Arenas, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez.
El Observatorio ha recordado que el Decreto Ley 302 de 2012 debió significar el fin de las restricciones de entrada y salida, «pero no ha sido así». El director de esta organización, Alejandro González Raga, ha asegurado que el Gobierno utiliza «tretas jurídicas para el juego sucio» amparándose en cuestiones de seguridad nacional , interés público y protección de información oficial, entre otras.
También a los retornados
«Todas significan que el gobierno decide arbitrariamente la entrada y la salida de los cubanos», ha lamentado González Raga, quien ha advertido también de que las restricciones se extienden también a los emigrados que quieren regresar. Su retorno queda vetado si han podido «organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano».
«O sea, todos aquellos que hayan sido "sancionados" por ejercer derechos pacíficos, internacionalmente reconocidos, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», ha apostillado el responsable del OCDH.
La organización estima que, en el mes de mayo, las autoridades cubanas realizaron «al menos 207 detenciones arbitrarias » de activistas o disidentes, con La Habana, Matanzas y Villa Clara como provincias más afectadas.
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