Críticas contra el Kremlin después que la Policía reventara el sábado un foro político opositor

La práctica totalidad de los presentes, en total casi unos 200, en su mayoría diputados de medio centenar de asambleas regionales y municipales y hasta los periodistas que cubrían el evento, fueron arrestados. Las motivaciones legales de la irrupción policial son difícilmente sostenibles, aseguran abogados adscritos al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) creado por Alexéi Navalni, el principal adversario político del presidente Vladímir Putin, actualmente encarcelado.

En las últimas horas, los detenidos están siendo puestos en libertad, pero con cargos. Se les acusa de «participar en un acto convocado por una organización indeseable», término acuñado en una ley promulgada en 2015 para impedir que «agentes extranjeros» puedan desplegar su actividad en territorio ruso. Esa organización «indeseable» es Rusia Abierta, creada y financiada por el antiguo patrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, que pasó 10 años en la cárcel por desafiar a Putin. La Policía difundió un comunicado justificando los arrestos, no sólo por su vinculación con Jodorkovski, sino también por «violación de las normas sanitarias y epidemiológicas». Se agarraron al hecho de que casi nadie llevaba puesta la mascarilla ni se observó el distanciamiento social obligatorio.

El diario ruso RBK sostenía ayer que la decisión de disolver la reunión en el Hotel Izmáilovo, cuyos organizadores bautizaron con el nombre de «Foro de Diputados Municipales Independientes», fue iniciativa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB o antiguo KGB) y no de las autoridades moscovitas. La orden original habría sido emitida por el Kremlin. La publicación rusa citaba precisamente una fuente anónima del Ayuntamiento capitalino.

RBK, que se refiere a la opinión de diversos politólogos y constata el malestar reinante en círculos opositores y en una parte significativa de la sociedad rusa, relaciona lo sucedido el sábado con las legislativas de septiembre. De la misma forma se vincula estas elecciones, cruciales para que Putin pueda conservar el control del Parlamento, con la persecución lanzada contra Navalni, que fue envenenado el pasado verano en Siberia y condenado a dos años y cinco meses de cárcel en febrero.

El Comité de Observación Social (ONK) estima que «han sido violados los derechos de los asistentes al foro opositor», declaró ayer su secretario ejecutivo, Alexéi Mélnikov. Según sus palabras, a los detenidos «ni siquiera se les dio agua y alimentos» mientras permanecieron encerrados en los calabozos policiales.

Entre los arrestados estaban destacadas figuras de la oposición como Iliá Yáshin, la concejala moscovita, Julia Galiamina, el exalcalde de Ekaterimburgo, Evgueni Roizman, el coordinador de Rusia Abierta, Andréi Pivovárov, o el periodista y presidente de la Fundación Borís Nemtsov, Vladímir Kará-Murzá, cuyos envenenamientos, en mayo de 2015 y febrero de 2017, él atribuye al FSB, los servicios secretos.

Igual que Navalni cree que sucedió también con él tras una investigación que apunta directamente a agentes del FSB . Su entorno subraya que la baja popularidad de Rusia Unida, el partido del Kremlin, «hace que las autoridades teman unos comicios en donde haya competición real entre candidatos». «Hasta la labor de manipular los resultados electorales se hace cada vez más complicada, lo que aconseja dejar el panorama completamente despejado de adversarios», opinan en el FBK.

En las dos grandes manifestaciones que tuvieron lugar en numerosas ciudades rusas a finales de enero en apoyo de Navalni fueron detenidas más de 11.000 personas . Aún así, tras ser puestos en libertad, los delegados del «Foro de Diputados Municipales Independientes» acudieron ayer de nuevo al Hotel Izmáilovo para continuar las deliberaciones de la conferencia. Lo hicieron, eso sí, sin reunir la sesión plenaria, en pequeños grupo de trabajo separados.