La crisis, contra la pena de muerte

20/03/2009 a las 04:10h.

Sin ocultar sus dudas personales, el gobernador Bill Richardson ha rubricado la legislación por la que el Estado de Nuevo México pondrá punto final a la pena de muerte. Una reforma que no beneficiará a sus dos únicos reos en el corredor de la muerte, pero que a partir del 1 de julio reemplazará la inyección letal por una estricta cadena perpetua.

El gobernador -hispano y demócrata- se declaró partidario de la pena capital para los peores criminales, pero también reconoció las dificultades a la hora de aplicar este tipo de condenas sin margen de error. Según recordó Richardson, 130 condenados a muerte en EE.UU. -incluidos cuatro en Nuevo México- han sido exonerados durante los últimos diez años. Además de una sospechosa preponderancia de las minorías raciales entre los candidatos a la pena capital.

Moral y cuentas

Con todo, dentro del gran debate protagonizado por Nuevo México han aparecido argumentos morales pero también pragmáticos, como el coste astronómico que supone para las arcas pública llegar hasta una ejecución. El congresista estatal Gail Chasey, el primero que propuso la abolición de la pena capital en Nuevo México, en 1999, argumentó claramente el desperdicio de dinero del contribuyente que suponen este tipo de casos.

Al hilo de la recesión que sufre Estados Unidos desde diciembre de 2007, lo de Nuevo México no es único. Colorado estudia una propuesta para dedicar el abultado presupuesto consumido por los casos de pena capital a investigar cientos de asesinatos no resueltos. En Kansas, que no ha ejecutado a ningún reo en décadas, otra propuesta sobre la mesa quiere dedicar directamente ese dinero a aliviar los números rojos en las arcas estatales. Nebraska y New Hampshire también tienen dudas crematísticas.

Cuando Nueva Jersey abolió la pena de muerte en 2007, el coste de ese tipo de procesamientos fue citado como un factor destacado. Una comisión dedicada a revisar la pena capital en Maryland también recogió esos mismos argumentos. Mientras que el sistema de letrados públicos de Georgia se encuentra al borde de la bancarrota después de destinar dos millones de dólares a lograr la ejecución de un preso que intentó escaparse asesinando a cuatro personas. Caso que ha terminado en cadena perpetua.

En California, con la mayor población de condenados a muerte, el dinero también está empezando a resultar un argumento de peso. Empezando por el proyecto de construir una nueva prisión con corredor de la muerte, a un coste estimado en 395 millones de dólares en un contexto de finanzas públicas al borde de la insolvencia.

Un caso de pena de muerte en EE.UU. puede suponer entre uno y cinco millones de dólares, esfuerzo presupuestario muy superior al gasto asociado a una cadena perpetua. A juicio de Richard Dieter, director ejecutivo de Centro de Información sobre la Pena de Muerte, «éste es el momento propicio en Estados Unidos para examinar cualquier programa gubernamental que no esté produciendo mucho y cueste un montón».