Jesús Santrich, dirigente del partido FARC y exguerrillero, pendiente de su posible extradición a EE.UU.
Jesús Santrich, dirigente del partido FARC y exguerrillero, pendiente de su posible extradición a EE.UU. - Reuters

La crisis del acuerdo de paz marca las elecciones presidenciales en Colombia

El implicación en el negocio de la droga de exguerrilleros pone en riesgo el pacto de 2016 entre las FARC y el Gobierno

Corresponsal en BogotáActualizado:

Aunque no ha llegado formalmente la solicitud de extradición del dirigente del partido FARC y excomandante guerrillero Jesús Santrich, el embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, anunció esta semana que viene en camino y se conocerá a más tardar el 7 de junio, poco antes de cumplirse dos meses de su captura por narcotráfico. Mientras, el caso Santrich -y las especulaciones sobre algo similar con Iván Márquez, líder indiscutible de la FARC- se han desatado tensiones políticas, intereses electorales, especulaciones, jugadas jurídicas y alegatos de incumplimiento de las partes, convirtiéndose en el primer obstáculo para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el acuerdo de paz para investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Eso significa que no es exclusiva para los exguerrilleros.

Además, es la instancia que debe confirmar, en un máximo de 120 días, si los delitos fueron cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, por lo cual quedarían bajo su jurisdicción especial. Si son posteriores, pasan a la justicia ordinaria y Santrich, a una cárcel en EE.UU. A 24 horas de las elecciones presidenciales de este domingo, el país se halla enfrascado en ese galimatías jurídico y con un acuerdo de paz en franco deterioro.

Tres grandes problemas

Para Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, el «balance de la paz», en términos estadísticos, «es muy positivo». Sin embargo, ve tres grandes problemas: «El primero es de seguridad, pues las FARC operaban en 242 municipios de los 1.122 que tiene el país. De esa cifra, en 76 hay problemas de seguridad serios. El segundo lunar es la implementación territorial, que por diferentes motivos el Gobierno no cumplió y las comunidades se sienten defraudadas y tienen cierta desazón las comunidades: no llegaron los proyectos productivos ni las vías terciarias. Y el tercer problema es esto que ha sucedido con Santrich e Iván Márquez, porque antes podíamos decir que las FARC habían cumplido, pero el Gobierno no, pero ahora ya no es tan claro. Estos tres puntos tienen el proceso en crisis profunda, aunque al final el balance es mucho más positivo que negativo».

El jurista Carlos Medellín, quien como ministro de Justicia restableció la extradición de colombianos a mediados de los 90, aclara que «la extradición es una figura de cooperación internacional, pero en Colombia se volvió castigo, porque el sistema de justicia de EE.UU. es más fuerte. Pero en los últimos años los colombianos aprendieron a sacarle ventaja y de allí que muchos narcos pidan una extradición inmediata. Hoy la justicia, en un simple trámite de forma, da concepto favorable o no a una solicitud de extradición. Y si es favorable, el Gobierno decide si envía o no al acusado; es siempre potestad del presidente».

El senador Antonio Navarro, frente al asunto de evaluar las pruebas antes de la extradición, señala que «en el caso del acuerdo, si esto aplica solo para Santrich sería un tema importante, pero no tan grave. Pero si se involucra a Iván Márquez sería muy grave porque es el líder de más de la mitad de las FARC y que sea involucrado en un proceso cuyo destino sea la extradición sí trae impactos. Cabe razón en pedir que se revise si las pruebas presentadas son ciertas o no, cosa que no se ha hecho antes en los procesos de extradición».

Y concluye Navarro: «A los que cumplen hay que cumplirles, sobre todo si hay algunos que están incumpliendo. Pero si a los que cumplen no se les va a cumplir, entonces ahí sí quedamos en una situación muy complicada. Este proceso está en una situación muy difícil: hay que tener total claridad sobre si hay miembros de la Farc importantes que están incumpliendo, a los cuales se les debe aplicar la ley; o si hay manipulación de la información o dudas sólidas frente a las pruebas, porque la solución y el impacto será muy distinto en cada caso».