El Supremo de Brasil ratifica la anulación de condenas de Lula

El caso más adelantado en las investigaciones, el de un triplex con vista a la playa paulista de Guarujá, por el que Lula fue a la prisión, tendrá que comenzar de cero, por la falta de jurisprudencia y porque el proceso fue dirigido por un juez considerado sospechoso, lo que contaminó la acción. En los otros tres casos, el de una finca en Atibaia, y dos relacionados al Instituto Lula, en São Paulo, los jueces aún podrán usar parte de las pruebas levantadas por la fiscalía.

Aunque no se ha declarado el resultado final del juicio, sin fecha para terminar, los dos votos que faltan en la corte son insuficientes para revertir el resultado contra Moro. La decisión deja a Lula más lejos de una futura condena en las cortes de Brasilia o São Paulo, ciudades candidatas a asumir los cuatro casos retirados de Curitiba, pues las sospechas de parcialidad levantadas sobre Moro, anulan automáticamente las pruebas presentadas en parte de ellos.

La mayoría de los jueces de la máxima corte siguieron el entendimiento del colega relator, Edson Fachin, de que los crímenes imputados por los fiscales de la Operación 'Lavacoches' contra Lula se refieren a actos que habrían sido cometidos cuando él era presidente (2003-10), y que incluyen a la estatal Petrobras, de Río de Janeiro, por lo que Moro, desde la ciudad de Curitiba, no tendría «competencia jurisdiccional» para llevar crímenes investigados a partir de la capital, Brasilia.

La decisión de la mayoría corte, que generó algunos debates ríspidos entre los jueces, y refuerza el discurso de la defensa de Lula sobre la existencia de una conspiración para sacarlo del juego electoral de 2018, en el que era un favorito, y tenía la posibilidad de vencer al actual presidente Jair Bolsonaro, una disputa que puede concretarse en los sufragios marcados para el próximo año, ahora que el líder de la izquierda es considerado inocente para volver a la política.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, defendió que Moro actuó movido por intereses políticos, lo que habría quedado evidente cuando el exjuez asumió el cargo de super ministro de Justicia de Bolsonaro , en enero del 2019. «Es una victoria del derecho sobre la arbitrariedad. Es el restablecimiento del debido proceso legal y de la credibilidad del poder judicial en Brasil», afirmó Zanin en una nota de prensa, tras la confirmación del resultado.

Entre las pruebas que pusieron en juicio la imparcialidad de Moro, que surgieron después de la condena de Lula, fueron presentados audios pinchados por hackers en la red Telegram , mostrando que el exjuez tomaba decisiones de acuerdo con los fiscales de acusación, sobre pruebas y documentos que podían perjudicar al petista, así como los plazos que corrieron orientados por las fechas electorales. Los audios fueron difundidos en la prensa brasileña, periciados por especialistas y reconocidos por los jueces.

La defensa también citó acciones de Moro, que llegó a autorizar la grabación del teléfono de la expresidenta Dilma Rousseff en el Palacio del Planalto, y difundió sus conversaciones en la prensa, para presionar a la opinión pública. Otros cuestionamentos que se le hacen al exjuez son la «espectacularización» de la detención de Lula, en marzo de 2016; la violación del secreto telefónico de sus abogados de defensa; y la revelación de las delaciones del exministro petista Antonio Palocci, que impactaron la campaña electoral 2018.

Lula fue condenado por Moro en 2017 bajo la acusación de ser el dueño de un triplex en el balneario más popular de São Paulo, un inmueble, que según las investigaciones fue cedido como soborno por una constructora, a cambio de contratos en Petrobras. La condena de Moro fue ratificada en segunda instancia, lo que le impidió postular a la elección y le hizo perder sus derechos políticos. Lula estuvo preso en una celda de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.