Corrupción en el palacio presidencial

A juicio de Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en la lucha contra la corrupción hay que valorar «la existencia de un Estado moderno, bien vertebrado y con un sistema político que funcione; el respeto a la Constitución y la ley por parte de los ciudadanos y especialmente por parte de los poderes públicos; un sistema donde los jueces sean verdaderamente independientes y actúen como la última garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía; controles de carácter eficaz, con una clase política comprometida; y sin olvidar una sociedad civil organizada y no diletante».

Para Marie Chêne, investigadora principal de Transparency International, existen al menos tres características —prevalentes sobre todo en las monarquías del Norte de Europa— que resultan clave a la hora de combatir con éxito la corrupción en los más altos niveles de la vida política: transparencia presupuestaria (al estilo de Suecia); estrictos códigos de conducta para servidores públicos (como en Dinamarca); y un sistema legal que castigue la corrupción en todas sus extensiones y sea aplicado por un poder judicial tan eficiente como independiente (tipo Noruega que en 1998 legisló incluso contra prácticas corruptas fuera de su territorio nacional).

Aunque según argumenta el catedrático González-Trevijano, la lucha contra la corrupción es una cuestión especialmente compleja en la que intervienen factores —sociales, jurídicos, políticos y hasta económicos— de naturaleza muy diversa. En su opinión, «tan dignas son monarquías parlamentarias como Suecia, Noruega y también España como repúblicas al estilo de Estados Unidos, ya que la forma política no implica un elemento determinante con respecto a la corrupción».

Sin salir de Europa, las dificultades éticas republicanas han salido a relucir durante las últimas semanas dentro del decisivo eje franco-alemán. En el caso de Francia, su tradición de corrupción en la cúpula gubernamental ha quedado de nuevo en evidencia con el ex presidente de la República, Jacques Chirac .

Por primera vez desde que el mariscal Philippe Pétain recibiera en 1945 una conmutada pena de muerte por su colaboración con los nazis, un ex jefe de Estado ha sido condenado por la Justicia francesa. Chirac se ha hecho acreedor a una sentencia suspendida de dos años de cárcel por delitos de malversación de fondos, abuso de confianza y prevaricación.

Este caso, demorado por la inmunidad presidencial que Jacques Chirac gozó entre 1995 y 2007, se centra en la creación durante su etapa como alcalde de París de más de una veintena de ficticios empleos para beneficiar a su clientela política, con un coste para las arcas públicas de 1,5 millones de euros. Esta condena ha sido percibida por muchos en Francia como una victoria contra su atrincherada élite política . Como ha declarado Jérôme Karsenti, del grupo anticorrupción Anticor —principal litigante en este caso—, «se ha lanzado un fuerte mensaje: los políticos no pueden hacer lo que quieran cuando estén a cargo de administraciones públicas».

En la República Federal de Alemania, el actual presidente Christian Wulff intenta aferrarse a su cargo víctima de una peligrosa mezcla de pecado y disimulo. Como premier de Baja Sajonia en 2008 se benefició de un ventajoso préstamo hipotecario de medio millón de euros facilitado por la esposa de un amigo constructor. Aunque lo peor habrían sido sus intentos de «cover-up». Ya que al saber que ese sospechoso favor estaba a punto de ser publicado, el ocupante del castillo Bellevue en Berlín llamó el 12 de diciembre al editor del popular diario «Bild» amenazando con «guerra».

Por lo menos la mitad de los alemanes consideran que Wulff debe dimitir del puesto en el que teóricamente debe personificar la conciencia moral de la nación. Aunque el interesado insiste en no haber violado ninguna ley, las críticas llegan incluso desde su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana. Mientras que la canciller Merkel, que no quiere distracciones con respecto a la crisis de la deuda soberana, considera suficientes las explicaciones ofrecidas.

Con todo, el electorado de Alemania no vota directamente por su presidente. La decisión pertenece a una asamblea federal de aproximadamente 1.200 notables, la mitad procedente de la Cámara Baja —Bundestag— y el resto nombrado por los «Länder». Con la particularidad de que resulta extremadamente difícil un cambio presidencial si el titular se resiste a dimitir.