Correa obtiene un amplio respaldo a la reforma indigenista de la Carta Magna

MANUEL M. CASCANTE. ENVIADO ESPECIAL. | QUITO
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Los ecuatorianos le dieron ayer vía libre al presidente Rafael Correa para poner en marcha su proyecto de país, plasmado en un nuevo texto constitucional. Los primeros recuentos confirmaban esta madrugada lo anunciado por tres encuestas que concedían al «sí» una contundente ventaja de entre 26 y 40 puntos sobre los votos negativos, nulos y en blanco. Según las «exit-polls» de Gallup, CMS y TeleAmazonas, el apoyo a la nueva Carta Magna suma entre el 63 y el 70 por ciento de las papeletas.

Correa, que sufragaba en Quito pero conocía los resultados en Guayaquil, se mostró exultante y conciliador ante el «aplastante triunfo» de su «revolución ciudadana»: «Es un momento histórico. El Ecuador ha decidido un nuevo país y el fin de las viejas estructuras. Avancemos juntos por la senda del cambio y del futuro». Ante sus seguidores, el mandatario negó que la Constitución sea centralista, abortista y autoritaria. En Guayaquil la propuesta habría sido rechazada por entre el 1 y el 7 por ciento de los electores. Pero el alcalde de esta ciudad —la más poblada y próspera del país—, Jaime Nebot, única cabeza visible de la muy debilitada oposición, dijo que respetará los resultados globales.

Durante la campaña, el «Sí» contó con el apoyo de todas las fuerzas de centro-izquierda e izquierda revolucionaria, organizaciones indígenas, centrales sindicales y agrupaciones estudiantiles. Entre la sociedad civil, el espaldarazo a la Constitución se distribuye incluso entre quienes no elevaron a Correa a la Presidencia. El deseo de cambio es casi unánime tras la crisis institucional y del sistema de partidos que llevó a Ecuador al borde del precipicio.

Por el «No» han trabajado el partido del ex mandatario Lucio Gutiérrez, el Social Cristianismo, la Unión Demócrata Cristiana y las iglesias Católica y Evangélica, que rechazan la regularización de las familias no tradicionales y las uniones homosexuales, así como la posible legalización del aborto. Además, el Gobierno empleó toda la maquinaria y los recursos del Estado para promover el borrador. Incluso una vez cerrada la campaña, Correa intervino en dos cadenas nacionales de televisión y su programa radiofónico de los sábados no sólo no fue suspendido, sino que también pudo ser visto por la pequeña pantalla.

El texto a consulta —que en su preámbulo celebra «a la naturaleza, la Pacha Mama»— recoge en la forma la voluntad de procurar a los ecuatorianos el «buen vivir» o «sumak kawsay»: una ancestral visión indígena de convivencia en armonía con el entorno. Pero, en su fondo, la ley suprema concentra en el presidente amplios poderes políticos y económicos: barra libre para su concepción socialista, nacionalista e indigenista del país.

Lenguas indígenas

La Constitución otorga al presidente la facultad de disolver al Parlamento si «obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo», define como obligatoria la educación hasta el Bachillerato, asegura el acceso gratuito y universal a la salud y reconoce como idiomas oficiales el quechua y el shuar.

Los puntos más discutidos del texto son las disposiciones adicionales sobre el Régimen de Transición, que fueron incluidas «de gañote» al borrador salido de la Asamblea Constituyente por haber sido aprobadas en una sesión previa a la redacción del texto constitucional. Éstas conceden al órgano constituyente transitorio. llamado Congresillo, la facultad de redactar las leyes electoral y judicial, así como la puesta en marcha del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Con una Asamblea en manos de Acuerdo País, el grupo parlamentario que apoya a Correa, el presidente incrementa aún más sus facultades durante el periodo provisional.