El consulado español en Londres deniega el pasaporte a una niña de dos años por orinar en la sala de espera
En conversación con ABC, la madre explicó que estaba en la ventanilla cuando se dio cuenta de lo que hacía la menor. «Me disculpé 150 veces, y cuando me dijeron que por lo sucedido no me iban a dar los pasaportes, me eché a llorar»
En plena pandemia mundial del Covid-19 y tras la consumación del Brexit a principios de este año, la situación para los españoles residentes en Londres no es precisamente sencilla. Tampoco lo es para las personas que trabajan en el consulado de la capital británica, que encima tuvo que permanecer cerrado un tiempo debido a algunos casos de coronavirus. Según explica el Ministerio de Exteriores en su web, «las medidas extraordinarias adoptadas con motivo del Covid-19 tanto en España como en el Reino Unido han significado una drástica reducción en la presencia física del personal de este Consulado General » lo que «afecta a los servicios y trámites habituales».
La situación está cada vez más caldeada y las quejas y el descontento, que vienen de lejos, contra los servicios consulares, no paran de crecer. El punto de inflexión llegó esta semana, cuando Patricia de la Piedra García, madrileña que lleva once años en Reino Unido, denunció públicamente que a su hija de 2,5 años y a su hijo de 16 meses se les denegó la expedición del pasaporte porque la niña orinó en su orinal portátil en la sala de espera. En conversación con ABC, la mujer explicó que estaba en la ventanilla cuando se dio cuenta de lo que hacía la menor. «Me disculpé 150 veces , y cuando me dijeron que por lo sucedido no me iban a dar los pasaportes, me eché a llorar», explicó. «No entiendo por qué nos penalizaron así, que me pongan una multa si quieren, yo sé que no es correcto pero es una niña que acaba de dejar el pañal y los baños estaban cerrados al público, pero no fuimos a ofender al personal. Nos echaron como perros», asegura.
La cita la había conseguido tras meses «entrando a diario» a la web, «que no es precisamente sencilla», para obtenerla, y «fui con todos los documentos en carpetas como si fuera a presentarme a un examen» tras haber hecho un viaje de un par de horas desde Kent, donde reside. En medio de la tensión del momento, puso una queja formal que el consulado respondió diciendo, según pudo comprobar ABC, que «la utilización de un orinal en un espacio público ha sido considerada como una falta de respeto , más aún teniendo en cuenta la situación sanitaria actual» y en la que advierten, ante la solicitud de una nueva cita, que «la gran demanda de citas ocasiona que se agoten rápidamente y que sea difícil obtenerla». «Se tomaron la justicia por su mano, eso es de malas personas», asegura la afectada, a la vez que defiende que «si el personal está desbordado por la situación, tienen que mandar refuerzos».
Su queja no es la única y los casos se remontan a mucho antes de la pandemia. En solo unas horas, ABC recibió más de un centenar de testimonios de ciudadanos españoles que van desde denuncias de ineficiencia y desconocimiento de la ley, que le impide a una pareja gay inscribir su matrimonio, así como de problemas como el rechazo de documentos por motivos como que «el fondo de la foto no es lo suficientemente blanco» o que una firma «no es exactamente igual a la del DNI o pasaporte». Las acusaciones llegan hasta los malos tratos, como gritos e incluso insultos. Lorena Francis de Celis, de Salamanca y con casi 7 años en el país, cuenta que hace dos años, cuando nació su hija, le dijeron que no podían registrar a la niña por ser hija de dos mujeres. «Nos dijeron que no era legal» y que «no es normal que dos mujeres tengan una hija». «Pero teníamos el registro de la niña en el ayuntamiento de la localidad donde vivimos, donde no tuvimos ningún problema», explica. Además de indicarles que «tenían que estar casadas», les dijeron que harían la consulta en España y «ya nos dirían algo». Como no las llamaban, decidieron casarse, «sin familia, sin amigos, solo por el trámite», solo para que en la siguiente cita les indicaran «que en realidad no era necesario hacerlo» y sostener que la persona encargada de llamarles para decírselo no lo hizo.
Los problemas no acabaron allí, ya que además de asegurar que se les trató mal, esto ralentizó el proceso para la obtención del libro de familia y posteriormente del pasaporte. « Como queríamos viajar a España, fuimos a por un salvoconducto que no nos quisieron dar porque la persona encargada supuestamente estaba mala. Como me quedé ahí exigiéndolo, fui escoltada por el guardia civil, como si fuera a hacer algo con una niña de meses al pecho». Interpuso una queja de la que nunca supo nada.
Más denuncias
Más allá va Pedro M., que, como muchas otras personas que contactaron con el periódico, pidieron no dar su nombre completo por «miedo a que nos fichen y luego tengamos aún más problemas por hablar con vosotros». « Te tratan como si fueras una escoria, una basura, y no un ciudadano de un país civilizado que merece que su gobierno lo proteja», denuncia, y afirma que hay «sobre todo una persona que es la reina del cotarro, que grita e insulta a la gente mientras los demás agachan la cabeza… con ella tuve una muy gorda porque esa no es forma de tratarnos, que somos españoles y nos merecemos un trato correcto por parte del personal», explica. «Me dijo de todo y al final tuve que ir a España a renovar el pasaporte con tal de no poner un pie ahí de nuevo», asegura, pero se pregunta: «¿Qué habría hecho ahora en plena pandemia y con el Brexit? Es vergonzoso».
María también presentó una queja formal después de haber vivido una experiencia durísima por no poder renovar el pasaporte de su hijo meses antes de volar a España, y tampoco pudieron obtener un salvoconducto. Además de que nunca recibió respuesta, pudieron viajar ya que se enteró por otra vía de que una persona con ciudadanía española puede entrar al país aún con el pasaporte caducado. «Los funcionarios que trabajan allí (con excepciones por supuesto) no tienen ni idea de lo que significa la atención al público y la poca empatía que demuestran ante los problemas que se presentan es realmente lamentable», declara por su parte Marta Fernández Seoane, que como madre soltera y sin relación con el padre, expresa su indignación porque «el consulado exige que se presenten los dos progenitores para la expedición o renovación del pasaporte del menor. ¿Y cómo hacemos? Pues no lo saben. No tienen una solución. No aportan ningún tipo de información y nos dejan sin pasaporte para los niños». «Llevo 25 años en Londres y siempre que he ido allí ha sido una auténtica pesadilla», asegura, y dice sobre ella y su hija que «somos ciudadanas británicas también, si no fuera así no podríamos viajar ni hacer ningún trámite que requiera documentación, como registrarte en el médico, inscribir a la niña en un colegio… cosas básicas que tenemos que hacer con el pasaporte inglés ya que no tenemos el español. Pero ¿y si no tuviéramos el pasaporte inglés? No quiero ni pensarlo» , dice, y culpa a una «administración que se supone tiene que ayudar a los ciudadanos españoles y no lo hace», un problema que «empeora con el Brexit, ¿cómo harán estas familias para conseguir el 'settled status' con los pasaportes de sus hijos caducados? ¿Y en el caso de los niños que estén sin pasaporte?», se pregunta.
La situación ha llegado a tal punto que en Change.org ya más de 5.000 personas han firmado para que el Gobierno ponga solución al problema . «La falta de organización y coordinación de este organismo, unido a la falta de ayuda de los empleados hacen cualquier proceso muy complicado. Los propios trabajadores admiten que están desbordados», dice la carta, que asegura que «merecemos ser mejor apoyados fuera de nuestro país» y denuncia un sistema de citas complicado y una página web con información «confusa, equívoca y en muchas ocasiones escasa o insuficiente».
El consulado anunció en su cuenta de Twitter esta semana que el nuevo plan de acción sobre los pasaportes incluye el refuerzo del personal en turnos de mañana y tarde durante los próximos cinco meses y detallan que de las 145.000 personas inscritas en el registro de matrícula consular (calculan que hay unas 45.000 sin registrar), 12.000 personas tienen o tendrán caducado el documento a partir del 1 de julio. Una fuente cercana a un exfuncionario declaró a ABC que la situación de las personas que trabajan ahí no es fácil: «Trabajan en un lugar horrible, casi insalubre, con sueldos que no llegan para vivir bien en una ciudad tan cara como Londres y con mucha tensión», explica, y agrega que «no es justificación para que traten mal a la gente, pero nadie trabaja bien en ciertas condiciones, y es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que debería ofrecer soluciones y tomar cartas en el asunto porque esto lleva así años». ABC intentó obtener la opinión del consulado sobre las críticas, pero no obtuvo respuesta.
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