La Constituyente chilena sancionará a quienes nieguen los crímenes de la dictadura de Pinochet

Las más fuertes tensiones se iniciaron cuando fueron constituidas las comisiones de trabajo de la Convención Constitucional y en la que se abordarán los derechos humanos quedó integrada, entre otros, por el retirado comandante en jefe de la Armada chilena, almirante Jorge Arancibia Reyes , exedecán naval del general Pinochet, a quien visitó en Londres mientras el exdictador permanecía arrestado por orden de la justicia española. La Armada es la rama de las Fuerzas Armadas chilenas que menos información ha entregado para dar con el paradero de los más de 1.200 detenidos desaparecidos de la dictadura.

La participación de Arancibia en la comisión de Derechos Humanos llevó a que esa instancia acordara marginarlo de las audiencias públicas a las que asistan las víctimas de la represión. «No tenemos facultades para sacarlo de la comisión, pero si le hemos solicitado que se abstenga de participar de aquellas audiencias donde asistan las víctimas», dijo la delegada constitucional Manuela Royo, coordinadora de la instancia.

La Comisión de Derechos Humanos recibió unas 300 solicitudes de audiencias, que se dividieron en las tres subcomisiones de la instancia: Participación, Audiencias y Comunicaciones; Verdad Histórica; y Marco General de Derechos Humanos. De estas, será la de Verdad Histórica la encargada de recibir a víctimas de violaciones de los derechos humanos, subcomisión a la que no pertenece Arancibia, quien se quedará en la que elabora el «marco general».

De otra parte, la Comisión de Ética de la Convención Constitucional dio curso a un artículo en su reglamento que define el «negacionismo» como «toda acción que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique» los actos criminales de lesa humanidad tanto en dictadura como durante el estallido social. La definición también incluye a los actos de genocidio físico y cultural que han sido víctimas los pueblos originarios y los afrodescendientes a través de la historia, la colonización europea y a partir de la constitución del Estado chileno.

Otro debate vinculado a los anteriores, ha sido cómo la Convención dialogará con aquellas organizaciones que difunden discursos de extrema derecha. Inicialmente se había presentado una censura para impedir que la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, Cuide Chile y Confamilia , acusadas de emitir discursos «negacionistas» y de incitar mensajes de odio, expusieran ante los constituyentes. Sin embargo, algunas delegadas, como la periodista Patricia Politzer rechazaron la idea de «excluir o censurar» a quienes piden audiencias. En el mismo sentido se pronunció la delegada Manuela Royo, quien fijo los límites a que estas organizaciones no aprovechen la tribuna para difundir «mensajes de odio, violentos o discriminatorios».

Decisiva fue la intervención del delegado socialista Pedro Muñoz, quien habló «a los homófobicos» para decir: (…) «No les tenemos miedo y no les vamos a censurar como ustedes han hecho toda la vida en base a sus creencias. Estamos acá para terminar con la homo y transfobia, pero sin censurarles. Les esperamos aquí».