El conflicto al este del Congo se internacionaliza (más aún)

A principios de abril, decenas de excombatientes de la milicia tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo desertaron de las fuerzas estatales (a las que se habían incorporado mediante los acuerdos del 23 de marzo de 2009), y generaron un nuevo movimiento denominado M23 , precisamente en honor a esta histórica fecha.

Y no con pocos aliados. Solo tres meses después de la gestación del grupo y según este informe, unidades militares de Uganda y Ruanda ya apoyaban al M23 en una serie de ataques en las localidades congoleñas de Rutshuru y Rumangabo (durante los ataques, un miembro de la fuerza de paz de Naciones Unidas perdía la vida).

“De acuerdo a varios soldados del M23, el Ejército ruandés proporcionó a los rebeldes armas pesadas durante los combates, así como misiles antitanques y antiaéreos”, destaca el documento.

Sin embargo, las acusaciones apenas pillan por sorpresa. Ya en junio, otro reporte realizado por un panel de expertos de Naciones Unidas denunciaba que miembros del Ejército ruandés habían entrado en territorio congoleño para ayudar a reforzar las posiciones de los rebeldes, mientras que Kigali aportaba ayuda logística y facilitaba el paso por la frontera a Ntaganda y sus combatientes.

No en vano, desde 1998, al menos cinco millones de personas han perdido la vida en un conflicto -el del Congo-, enquistado por los decenas de grupos rebeldes que operan al este del país.

Y que, ahora, amenazan por recrudecer los arraigados odios entre las comunidades hutu y tutsi (en la región operan entre cinco y seis mil rebeldes congoleños, ligados a cerca de 17 milicias, así como tres mil combatientes ruandeses, en su mayoría, rebeldes hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda).

Un desesperanzador panorama, sobre todo, ante las dudas que recaen sobre el interés real de este nuevo amotinamiento.

Mientras que para el Gobierno de Kinshasa la única motivación del recién gestado grupo es proteger a su líder, Bosco Ntaganda (alias «Terminator» ), quien cuenta, desde 2006, con una orden de busca y captura por parte del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra; los rebeldes siempre han negado esta relación causa-efecto y aseguran que su huida tan solo se debe a las «inhumanas condiciones de vida» que sufrían en el Ejército, así como al impago de salarios.

Entretanto, el paradero de «Terminator» continúa siendo una incógnita (fuentes locales aseguran que se encuentra en el Parque Nacional de Virunga, con un pequeño grupo de combatientes). 

Quizá no suficientes. Mientras que las estimaciones más fiables calculan la fuerza de los amotinados entre los 500 y 800 miembros , el Ejército congoleño, por el contrario, ha desplegado varios miles de tropas en la zona, junto con tanques, artillería y helicópteros de ataque.